Por Ricardo Hernández
Cancún, Q. Roo.- En 2014 se aprobó la extensión por 38 años de la concesión del servicio de agua a favor de Aguakan, los Cabildos de tres municipios y el Congreso local lo aceptaron; luego vinieron señalamientos a la empresa por corrupción, irregularidades financieras y déficit en el servicio brindado.
Actualmente, los regidores y diputados que concedieron la privatización, continúan desempeñándose en puestos de poder. El 10 de noviembre de 2014, Desarrollos Hidráhulicos de Cancún (Aguakan) presentó una solicitud de ampliación temporal y territorial de la concesión al Congreso del Estado: pedían nueva fecha de término, hasta el 31 de diciembre de 2053, e incursionar en Solidaridad, pues hasta el momento sólo tenían presencia en Isla Mujeres y Benito Juárez.
El procedimiento marcaba que, el acuerdo, tendría que aprobarse por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Cabildo de los tres municipios involucrados y por el Congreso estatal. Así fue. El Cabildo de Isla Mujeres, en ese entonces gobernado por Agapito Magaña, fue el primero en aprobar la ampliación, el 6 de diciembre de 2014, en sesión extraordinaria privada y en votación unánime.
Algunos de los regidores que dieron el sí, continúan en espacios de poder popular: Miriam Trejo León y Pedro Abirán Fuentes Cruz son secretaria y contralor en el Ayuntamiento de Isla Mujeres; José Magaña Galué es secretario general del sindicato de taxistas “Gustavo Díaz Ordaz”, y Víctor Alfonso Osorio Magaña, coordinador de Movimientos Sociales del Partido Encuentro Social (PES). Además, César Edmundo Poot
Pérez, quien en ese entonces era el secretario general de la comuna, fungía como secretario de Obras en la pasada administración de aquel municipio. A Isla Mujeres, le siguió Benito Juárez, de Paul Carrillo, quien convocó el 8 de diciembre de 2014 a sesión extraordinaria y privada para tratar el asunto en cuestión, en la que hubo sólo dos votos en contra, por lo que también culminó en la aprobación.
Entre los regidores que dieron su consentimiento, figuraban Guillermo Andrés Brahms y Fernando Peralta Rivera, que luego fueron secretario y subsecretario del ayuntamiento con Remberto Estrada Barba; Tyara Schleske, Ana Patricia Peralta de la Peña, Elda Candelaria Ayuso y Alberto Vado Morales, quienes ahora son diputados en la XV Legislatura y de los más faltistas.
EL MISMO RESULTADO
A su vez, la sesión de Cabildo en Solidaridad se llevó a cabo el mismo día que en Benito Juárez. Todos los regidores, excepto Laura Beristain, quien estuvo ausente en el evento, votaron a favor.
Entre los que dieron el sí y que ahora se desempeñan en algún cargo popular, están: Emmanuel Hedding Medina, ahora director operativo de Protección Civil en el municipio; María del Carmen Cruz y Emilio Manuel Tamargo, diputados suplente en funciones en el Congreso; Carlos Alfredo Dzib, actual dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Lucas Medinilla, quien es titular de Transporte.
Por su parte, hasta el pasado enero, Jesús Martín Medina era secretario general del sindicato de taxistas en la demarcación, un gremio adepto al PRI.
Una vez aprobado en los respectivos Cabildos, tocó al Congreso hacer lo propio. La propuesta se aceptó por mayoría, con ello se dio licencia para que Aguakan opere en el estado hasta 2053.
En aquella lista del Dictamen donde se avaló la prórroga, aparecen nombres ahora reconocidos a nivel nacional, como la ex priista Marybel Villegas, senadora de la República por Morena, y Jesús de los ángeles Pool Moo, entonces diputado del tricolor y actual diputado federal, también por el partido de Andrés Manuel López Obrador.
A Villegas Canché y a Pool Moo se sumó en la aprobación José Luis “Chanito” Toledo Medina, diputado borgista que en febrero pasado renunció al PRI para contender por la alcaldía de Benito Juárez por la coalición “Por Quintana Roo al Frente” (PAN, PRD, MC).
La priista Arlet Mólgora Glover, quien hasta agosto pasado era diputada federal por Quintana Roo, también emitió un voto aprobatorio, lo mismo que Susana Hurtado Vallejo, quien fuera la suplente de Roberto Borge en la Cámara de Diputados, en la LXI Legislatura.
Aguakan, subsidiaria de Grupo Mexicano de Desarrollo, cotizadora en la Bolsa Mexicana de Valores, fue la primera empresa privada mexicana en obtener la concesión integral para la prestación de servicios integrales de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; lo hizo en Benito Juárez e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993.
En estos 25 años se le ha acusado de corrupción, malos manejos financieros y operativos, enriquecimiento a costa de cobros injustificados y una serie de irregularidades que, en los últimos meses se han agravado al punto en que se ha solicitado al gobierno de Carlos Joaquín la revocación de la concesión, mismo que no ha emitido respuesta alguna
Se contradice Marybel Villegas
A finales de septiembre, la senadora Marybel Villegas presentó un punto de acuerdo ante la Cámara Alta para pedir por la anulación del contrato que ella antes había avalado.
“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que en el marco de sus atribuciones legales revoque la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., por las diversas irregularidades de recursos financieros y operativas en el servicio.
“SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación, garanticen el derecho al acceso al agua, la administración sustentable y seguridad hídrica de la población quintanarroense”, se lee en el texto elaborado por la morenista.
En las consideraciones, la legisladora afirmó que se incurrió en posibles actos de corrupción al otorgarle concesión a dicha empresa que ha generado problemáticas en el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona norte del estado.
Al filo de octubre, Esquivel Cruz González, líder de la organización “Agua para Todos”, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), misma que ya investiga a Desarrollos Hidráulicos de Cancún por un serie de supuestos fraudes y presunto lavado de dinero que realiza en el estado.
La demanda se dio luego de conocerse que la empresa retomó adeudos de CAPA, de entre 2012 a 2014, como si fueran propios, a fin de despojar de su patrimonio a personas que viven en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Hay algunas voces que, como la del senador morenista José Luis Pech, creen que es imposible revocar el contrato, y otras que urgen a Carlos Joaquín hacerlo, pues está dentro de su ámbito de competencia. En caso de se decida continuar con el contrato, Aguakan operará en Quintana Roo por 35 años más.
Acaparan quejas
En octubre de 2017, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad informó que, en Cancún, la concesionaria era, por tercer año consecutivo, la empresa con el mayor número de quejas, con un incremento promedio del 10% por año.
A inicios de septiembre, la bancada de Morena en el Senado de la República propuso una iniciativa con proyecto de decreto que, en caso de ser aprobada por la comisión correspondiente y el Pleno, acabará con negocios como el de Aguakan.
La iniciativa pretende asentar en la Ley de Aguas Nacionales que la gestión del recurso natural debe ser pública y sin fines de lucro, por lo que se propuso la modificación del Artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales.
PROPUESTA
“Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta”.
“Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable”, se lee en el documento.
Asimismo, se incluyó derogar también el Capítulo II de dicha norma, “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales”, la cual detalla la manera en que la iniciativa privada puede intervenir en la administración del recurso hídrico nacional.
El pasado 10 de septiembre, Gerardo Mora Vallejo, titular de CAPA, informó que luego de una auditoría realizada a la concesionaria, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, se detectaron irregularidades financieras por mil millones de pesos, por lo que el organismo decidió intervenir administrativamente a la empresa.
Días después, Aguakan volvió a generar polémica ante el trascendido de que se negaba a pagar una multa de un millón 250 mil pesos, impuesta el pasado julio por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por haber cometido infracciones a los artículos 7 y 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al no haber respetado los costos de reconexión de alcantarillado y otras irregularidades.
Ante los hechos, activistas y políticos demandaron la revocación de la concesión.