Por Ricardo Hernández
Solidaridad.- Niega Cristina Torres, ex presidenta municipal de Solidaridad, que haya dejado un desorden financiero en el municipio y acusó a la actual alcaldesa, Laura Beristain, de solicitar auditorías como distractores por el mal inicio de la administración morenista.
El miércoles, Laura Beristain Navarrete anunció que se realizará una auditoría externa a la administración de su antecesora, ante supuestas irregularidades financieras.
“Se han detectado, en diferentes direcciones, inconsistencias (de la administración pasada)”, dijo en conferencia de prensa Beristain. “Por la cantidad e importancia de éstas, me veo en la necesidad de solicitar una auditoría externa, para que, de forma justa e imparcial, se determine, mediante la fiscalización técnica y legal, todas las responsabilidades pertinentes y se ejerzan las medidas que correspondan”, agregó.
La ex alcaldesa panista, Cristina Torres, wwse defendió alegando que no sólo entregó finanzas sanas, sino también certificadas.
CONTRADICCIONES
Sin embargo, en su último reporte, el Centro de Estudios para
las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, informó que Solidaridad encabeza la lista de los municipios del país con la mayor afectación de participaciones federales en el segundo trimestre de 2018, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
La afectación de este municipio asciende al 85.9% de sus participaciones, es decir, tiene comprometidos casi la totalidad de sus recursos federales para el pago de deuda y ello se hizo durante la administración de Cristina Torres.
Los recursos relativos a las participaciones corresponden al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los incentivos a la venta final del diésel y gasolina, aclara el CEFP, dependiente de la Cámara de Diputados.
Aseguró que pueden ser afectados en garantía como fuente de pago de las obligaciones contraídas por los municipios a favor de la Federación o de las instituciones de crédito.
La proporción supera lo tolerado por la Ley de Coordinación Fiscal, pues esta marca que las afectaciones de los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales no podrán superar 25% de los recursos que le corresponden.