Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 50 empresas transnacionales pausaron los proyectos que ejecutan en la región, en el marco del llamado Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, firmado en 2016 por los gobiernos estatales de esa parte del país.
Desde julio, el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a organizaciones productivas mayas de Quintana Roo y Yucatán, por considerar que el mencionado acuerdo que sostiene la ejecución de proyecto de energía alternativa, agropecuarios y turísticos, se firmó sin el consentimiento de los habitantes de los pueblos originarios.
Las autoridades federales ordenaron la realización de consultas públicas para tomar en cuenta el sentir de la etnia e integrarlos a las obras que se detonan, o que, en su caso, se les beneficie económicamente, toda vez que se usan y devastan sus tierras sin ningún beneficio para los pueblos originarios.
Raymundo Espinosa, abogado especialista en derecho constitucional en conflictos ambientales y territoriales, aseguró que dicho recurso legal obliga a los gobiernos involucrados y a las empresas privadas que desarrollan proyectos y negocios, a suspender sus actividades hasta que se reconozca la trascendencia histórica, cultural y económica de los pueblos mayas.
Se ordena también que se considere la opinión de todas las comunidades indígenas en el análisis y revisión de los proyectos con los estándares internacionales y se publiquen los acuerdos en los periódicos oficiales de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
Estas empresas, de acuerdo con los denunciantes, tienen intereses económicos y por ello realizan aportaciones en dinero, que hasta la fecha no saben en qué cantidades o hacia dónde van a parar, presumiendo que se trata únicamente de evadir impuestos, toda vez que no se ha generado ningún beneficio para las comunidades mayas.
Algunas de ellas, según la denuncia, han rentado o comprado a precios irrisorios grandes cantidades de tierras que están tratando de cuantificarse para tratar de recuperarlas, antes de que se construya algún complejo industrial o agrícola.
Los quejosos son representantes de organizaciones campesinas de Yucatán y Quintana Roo, agrupados en el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, del colectivo de semillas nativas “MuchÔÇÖKanan Línaj”, EDUCE Asociación Civil y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
EMPRESAS AFECTADAS
- Alltournative
- Riviera Maya Sostenible
- Francobolli
- Dolphin Discovery
- Avanti
- Río Secreto
- Best Day
- Palece Resorts
- Sustentur
- PriceTravel Holding
- CCE del Caribe
- Mayakoba
- Aquaworld
- Banana Bay
- CEMEX
- Industrias Energéticas S.A. de C.V.
- Grupo Karim’s
- Bepensa
- Grupo Bimbo
- Cotemar
- CCE de Campeche
- Grupo Modelo México
- Somos Sinergia
- IDY
- Universidad Marista
- Tere Cazola
- Corporativo GAMAS
- Agencia Aduanal del Valle
- Casa Santos Lugo
- Grupo Logra
- Logra Financiamientos