Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Ante el pleno de la Cámara de Diputados, la morenista Adriana Teissier propuso una reserva a la Ley de Seguridad Nacional.
Lo anterior tiene como fundamento robustecer el costado civil del nuevo cuerpo de seguridad y restringir el ala militar.
Lanza un exhorto para la transparencia y rendición de cuentas de una nueva figura que ha causado controversia entre la ciudadanía.
“Está claro que la mayoría de esta cámara está a favor de atender el problema que más afecta a la ciudadanía: la seguridad pública, implementando un mecanismo distinto a lo que se ha hecho.
Un cuerpo nuevo, como la Guardia Nacional, representa la expectativa que la gente quiere, que desea, que espera que la vida cotidiana sea mejor, más segura y más tranquila”, comentó la legisladora.
“Debe quedar muy claro que se tiene un mando civil, no militar, por ello, proponemos dos adecuaciones a los artículos transitorios para enfatizar la idea de que la Guardia Nacional dependerá de los mandos civiles y enfocados en la eficacia de las tareas”, dijo.
Además, propuso que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presente en los 60 días posteriores a la publicación de estas reformas, el modelo nacional de policía y justicia cívica, así como los indicadores correspondientes para su evaluación.
“Con un modelo previamente establecido, será posible medir el desempeño tanto de la Guardia Nacional como de las policías locales, sean estatales o municipales”, sostuvo.
También sugirió que los recursos federales para estados y municipios en materia de seguridad, deberán alinearse de manera prioritaria a la implementación del modelo a nivel estatal y municipal.
“Esta propuesta sirve para medir de manera clara y objetiva el desempeño de las policías municipales, esto es: se conoce previamente el criterio para medir su eficiencia y su eficacia y saben que les costará no hacerlo”, argumentó.
Asimismo, planteó un período de gracia de 120 días a partir de la publicación de la reforma, para que el Secretariado Ejecutivo presente un diagnóstico, elaborado con criterios técnicos y objetivos, es decir, modificar el Séptimo Transitorio de la Ley.