Por Eugenio Pacheco
Chetumal.- El ayuntamiento de Othón P. Blanco presentará este viernes 8 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la aprobación de la Ley sobre Venta y Consumo de Alcoholes del estado de Quintana Roo, informó la síndico Yenssuni Martínez Hernández.
Se sustentará con la presunta violación de la autonomía municipal, respecto a la facultad de regular la extensión de horarios para la comercialización y consumo al interior de establecimientos con licencia de bebidas alcohólicas.
Sobre todo, por la afectación económica que les impone, al dejar de cobrar hasta 11 millones de pesos anuales por concepto de autorizaciones para extender el horario a minisúpers, bares y restaurantes bar, conocidos como giros negros, abundó.
De acuerdo con Martínez Hernández, ejercerán su facultad legal para defender las facultades del ayuntamiento que representan, al considerar que esta normativa, de manera ilegal acota las responsabilidades y obligaciones de las autoridades municipales.
“La argumentación es que el municipio es el responsable de los horarios y el cobro para autorizar la ampliación de los mismos, queremos que siga teniendo esas entradas, son aproximadamente 11 millones de pesos que dejaríamos de percibir, es un golpe mortal para la endeble economía del Ayuntamiento de Othón P. Blanco”, explicó.
La defensa de la hacienda de los empresarios del ramo y sus empleados, también servirá como argumento para sustentar el recurso legal contra la determinación del Congreso del estado, al considerar que esa ley, al recortar los horarios de apertura, terminará por obligar al cierre de muchos negocios en esta demarcación.
Lamentó que al integrar la denominada ley de alcoholes, los diputados locales hayan omitido invitarlos para poder opinar o aportar ideas para tener una ley que no lesione ningún sector social y que sí apoye a la seguridad pública, que según se dijo es el principal objetivo de esta legislación que regula la venta de bebidas embriagantes.
Consideró que el pretexto de mejorar la seguridad pública con esta ley es endeble, sobre todo porque en esta parte del estado los casos de operaciones de la delincuencia organizada son exiguos.
Empresarios también toman medidas
Por su parte, Joaquín Noh Mayo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Similares, dijo que también los empresarios del sur han recurrido legalmente esa ley, a través de solicitudes de amparo ante la justicia federal al considerar que afecta su economía.
Detalló que se trata del 40% del padrón total del organismo que representa; 98 con operaciones en Othón P. Blanco y 20 más del municipio de Bacalar.
Advirtió que buscan la suspensión de esa ley, al considerar que solo favorece a las grandes empresas cuyo horario es hasta las nueve de la noche; y con esta legislación tendrán dos horas más, lo que representa una competencia desleal.
Consideró además que la normatividad es rigurosa al condicionar que los bares chetumaleños solo puedan adquirir una extensión de horario si cumplen requisitos “sacados de la manga”, entre ellos cámaras de video, agentes de vigilancia, alcoholímetro y hasta un vehículo como transporte alterno para los consumidores que se excedan con las bebidas.