Por Elisa Rodríguez
CANCÚN, Q. Roo.- El Observatorio Legislativo presentará denuncias penales y ante diversas instancias de investigación para la rendición de cuentas, en contra del presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila y del oficial mayor, Gerardo Martínez García.
Anunció lo anterior Eduardo Galaviz Ibarra, representante del observatorio, quien precisó que se debe a la entrega de apoyos bajo el concepto de ayudas sociales por un monto de 140 millones de pesos, con un manejo irregular y poco transparente.
"Hemos cuestionado la legalidad de estos programas del Congreso. Se ha señalado que no corresponde a sus atribuciones constitucionales", indicó.
Dijo que después de dos años de dar seguimiento al tema, detectaron que del último trimestre del 2016 al primer trimestre del 2018 se habrían entregado apoyos por un monto de 140 millones de pesos, y que varios de los beneficiarios están incluidos en otros padrones de asistencia social; no se tiene información sobre los procedimientos para otorgar las ayudas, ni los promotores de ello y mucho menos los montos que se erogan, por lo que se requiere hacer un padrón único sin enfoque clientelar partidista y electoral.
También dijo que se ha detectado que muchos de los beneficiarios son recurrentes, están incluidas personas que, de acuerdo a las investigaciones, tienen profesiones y que no están dentro del perfil de personas en necesidad de apoyos.
Denunció que se detectó que muchos de los beneficiarios son militantes de partidos políticos, en su mayoría de Acción Nacional; también que son personas contratadas por honorarios en el propio Congreso del Estado, y que cerca de 60 empleados del Congreso están sindicalizados, quienes han recibido apoyos desde despensas, gastos de transportación y hospedaje entre otros.
Indicó que ya tiene publicada, vía Facebook, la lista con los nombres de los supuestos beneficiarios en orden alfabético, para que la gente pueda ver si usan su nombre o si identifica a gente de grupos políticos.
Además de analizar opciones judiciales para que se ponga esta información al alcance de todo, el observatorio considera recurrir al Congreso de la Unión, pues la mayor parte del dinero de la legislatura local es de origen federal.
Por otra parte, también denunció la baja productividad en los trabajos legislativos, con una desintegración de los grupos parlamentarios, ya que se aumentó el número de diputados independientes.
Además, dijo, se observa dependencia del poder Ejecutivo y sin avances en el tema prioritario que aqueja a los quintanarroenses, como es la inseguridad, sin avanzar en la generación de iniciativas para apoyar a las estructuras, procedimientos y marco jurídico para atenderlo.