Por Ricardo Hernández
BACALAR, Q. Roo.- Yasmín Alamilla Hernández fungía como funcionaria en Bacalar en 2016, al tiempo en que recibía contratos del municipio por obra pública por un monto aproximado de 2.5 millones de pesos.
Ocupaba el puesto de subdirectora técnica administrativa, dependiente de la Dirección de Comunicaciones y Transportes, cuando recibió contratos por parte del Gobierno municipal para realizar dos obras.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las buenas prácticas internacionales explicitan la prohibición de otorgar contratos públicos a funcionarios de cualquier índole, pues se incurre en conflicto de interés.
Además, se rompe con la posibilidad de competencia para las empresas privadas, pues los mismos que licitan son a quienes se contrata; ello, aseguran todas las organizaciones civileS dedicadas a la transparencia, como el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), menoscaba el estado de derecho.
Por el primer contrato, identificado con el número DOPSPDU-IR3P-FISM-007-16, se le otorgó a su empresa, “Yasmín Alamilla Hernández”, 1.5 millones de pesos por alumbrado público en la avenida 17, entre calle 20 y 28, y en la calle 22, entre la avenida 19 y 27, ambos en la localidad de Bacalar.
Para ejecutar el proyecto tenía dos meses (de junio a agosto de 2016). Para ello, se le dio un anticipo de 440 mil 706 pesos
Meses adelante, en septiembre, consiguió un nuevo contrato, DOPSPDU-LPNEFISM-022-16, éste por un millón 45 mil pesos, de los que se dieron por concepto de adelanto unos 313 mil 730 pesos.
En esta ocasión fue para un programa municipal de construcción de pisos firmes para la Ruta 4, en Bacalar.
Se planteó un período de un mes, de octubre a noviembre de 2016 para que terminara las obras correspondientes