Por Elisa Rodríguez
CANCÚN, Q. Roo.- Empresarios hoteleros aplauden el análisis de la regulación de la plataforma Airbnb en Quintana Roo, que llevará a cabo el Gabinete Turístico para el Registro, Calidad y Certificación de Servicios.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Turismo (Sectur) instalaron este miércoles el grupo de trabajo del Gobierno federal que analizará la regulación del alojamiento temporal en viviendas particulares, que se ofrece a través de Internet, y que opera aproximadamente 40 mil habitaciones en la entidad.
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de este 2019 del organismo, se realizó la instalación del grupo de trabajo para iniciar con el estudio referido, en el que participará la Asociación de Hoteles.
De acuerdo con la Sectur, como parte de la Estrategia Nacional de Turismo anunciada esta semana, el gobierno mexicano busca regular a las viviendas que se ofrecen como alojamiento temporal mediante plataformas como Airbnb, que representan, según los hoteleros, una competencia desleal.
De acuerdo con los empresarios, se requiere de condiciones iguales, pues mientras la hotelería formal contribuye con impuestos por giros comerciales, los dueños de las viviendas sólo pagan gravámenes de tipo
residencial.
De acuerdo con el dirigente del sector, en Quintana Roo existen más de 100 mil cuartos de hotel, más de 40 mil de ellos están ubicados en Cancún y Puerto Morelos, muchos de los cuales han tenido que reducir sus tarifas hasta 15% para igualarlas con los precios que ofrece Airbnb.
Cintrón Gómez consideró que el gobierno federal tiene que propiciar que quienes ofrezcan hospedaje a través de plataformas en línea paguen el ISR e IVA, una vez que esto entre en función; quiere decir que habrá un padrón y con ello un barrido que llevará a contar con un control, pues solo entre Quintana Roo y Ciudad de México hay una fuga de 20 mil millones de pesos al año al operar fuera de la legalidad.