Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Corresponde a la libre determinación en lo individual de los funcionarios el decidir si se separan o no del cargo para integrarse a la campaña electoral de una candidatura; ninguna ley los obliga a renunciar para apoyar a un aspirante, concluyó el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
“No obstante, los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la contienda, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución federal”, especificó el órgano electoral.
El Consejo General del Ieqroo, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, atendió la consulta realizada por el ciudadano Manuel Israel Alamilla Ceballos en su carácter de Oficial Mayor del Gobierno del estado, relacionada con el tema de separación del cargo en el contexto del proceso electoral local ordinario 2018-2019.
Las aclaraciones que solicitó el servidor estatal fueron relativas a: los criterios en cuanto a la necesidad y alcance de la separación del cargo de servidores públicos que funjan como precandidatos; la procedencia del otorgamiento de licencias o permisos sin goce de sueldo a funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular, o bien, para aquellos que tengan interés en integrarse a la campaña de un partido político, y las acciones a seguir ante la posibilidad de que se detecten trabajadores que incumplan con el deber de gestionar de manera oportuna y voluntaria la separación definitiva del puesto.
En cuanto al segundo punto, el Ieqroo fijó como fecha límite el 3 de marzo para la separación de cargos para aquellos funcionarios que participarán en la próxima contienda electoral.
Condicionados
De acuerdo con el Artículo 56 de la Constitución Política de Quintana Roo, cualquier secretario estatal, funcionario federal que opere en la entidad, alcalde, servidor público municipal o militar en funciones, está impedido a contender una diputación local a menos de que se separe definitivamente del cargo 90 días antes de la fecha de la elección.
Por tanto, todos los que actualmente se desempeñan en la administración pública y serán candidatos, tuvieron que haber renunciado ayer.