Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- De no planear adecuadamente la construcción del Tren Maya, el costo original podría aumentar cuatro o hasta diez veces, auguró ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
“Las experiencias a nivel mundial y nacional señalan que para crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos, no requiera de subsidios gubernamentales durante toda su vida útil, es necesario que el Gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte”, dijo el IMCO en un comunicado.
En caso de que haya errores que deriven en sobrecostos, el monto estimado de construcción del Tren Maya podría alcanzar, calculó el organismo, desde 479 mil 920 millones de pesos, hasta un billón 599 mil 767 millones de pesos, lejos de los 150 mil millones de pesos que el Gobierno federal ha propuesto como presupuesto límite.
“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el Gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de
otro proyecto sin beneficios para nadie”, alertó el instituto.
Otro de los puntos a subrayar es el relativo al medio ambiente, pues tiene que haber una evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.
“Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del Gobierno para iniciar las obras”, apuntó el organismo.
Las últimas dos preocupaciones son por la propiedad de las tierras sobre las que pasará el Tren Maya y por el respeto a los indígenas que las habitan.
“El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos”, detalló.
“Asimismo, antes del inicio de la construcción, el Gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena. Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra”, agregó.