José María Morelos.- El ejido Dziuché se congratuló por la reciente sentencia judicial que suspende la aplicación del decreto de área Natural Protegida Estatal, denominada “Sistema Lagunar Chichankanab”, en sus tierras y expresó rechazo “a las voces que nos califican de manipulados en un proceso de defensa de nuestros derechos agrarios y aquellas que vaticinan la deforestación de nuestros montes so pena de la defensa de nuestros derechos”.
Asimismo, destacó que desde hace más de 70 años el ejido promueve la conservación de sus montes y laguna y que los acuerdos de la asamblea por proteger y conservar nuestro territorio preceden la fecha de un decreto que se emitió a sus espaldas y violando sus derechos constitucionales como a comunidad agraria y pueblo indígena.
En un comunicado, refiere, además, que “un funcionario de la SEMA”, equipara su lucha por la defensa de sus derechos con las principales causas de deforestación en la Península de Yucatán: menonitas y palma de aceite.
“Que no se confunda a la gente, nuestra lucha es auténtica y está basada en la protección de nuestra tierra y territorio, y en la defensa por mantener nuestros derechos de control sobre nuestros recursos naturales. ¿Quién se queda de manos cruzadas ante el arrebato de su patrimonio?, ¿quién se queda de manos cruzadas ante la amenaza creciente de proyectos extractivistas impulsados por el sector privado en tierras de las comunidades con el beneplácito de los organismos públicos?”, pregunta.
La defensa de nuestro territorio nació del propio Ejido, como legítimos propietarios de las tierras, con o sin intervención de terceros. Decir lo contrario, es subestimarnos y un insulto al Ejido Dziuché, que ha conservado por decenas de años su territorio, logrando preservar un escenario natural que hoy por hoy el gobierno estatal quiere administrar, concesionar, regular, conservar, desarrollar y preservar, según lo manifiesta en los artículos y transitorios del mencionado decreto, sin la más mínima participación de nosotros en dichos procesos, subrayó.
Y destaca que cuando en el decreto se menciona la palabra “ejido” fue para exponer que “hemos expresado nuestra disposición de que nuestros terrenos formen parte del área protegida, cuando las actas de las asamblea ejidales de 2009 muestran fehacientemente la clara y rotunda negativa de los ejidatarios ante la propuesta de que en nuestras tierras se estableciera dicha área”, elemento clave que fue considerado por la jueza federal para sentenciar la insubsistencia del decreto.
Por acuerdos de la asamblea ejidal mantenemos en estas tierras vastas porciones de áreas forestales con alto valor de conservación, como son los más de cien metros de orilla de la laguna en todo su perímetro y el monte más alto del ejido que, por decisión propia, hemos inscrito bajo esquemas formales de protección, teniendo como resultado una Unidad de Manejo Ambiental y un Programa de Pago por Servicios Ambientales, en más de cinco mil hectáreas del ejido, destacó.
Además, señaló que se cuenta con un aprovechamiento forestal autorizado por la Semarnat en una superficie similar, con un programa de manejo de largo plazo que garantiza un aprovechamiento sostenible de la selva y que genera medios de vida para la población local y beneficios múltiples a las y los ejidatarios.
“El monte nos da de comer, de él vivimos, no estamos peleados con nuestra tierra, es nuestro único patrimonio, por ello lo protegeremos y defenderemos hasta el final. Nos quieren excluir de nuestro territorio, pero seguiremos luchando de manera organizada para defender lo que por derecho nos corresponde”, expresó.
Con información de INFOQROO