Chetumal, Q. Roo.- Para avanzar juntos hacia un gobierno honesto y transparente, se reinstaló oficialmente la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo (CPCEQROO).
Esta comisión tiene la finalidad de continuar con la coordinación interinstitucional para fortalecer la transparencia y el combate contra la corrupción, lo que contribuye a disminuir la desigualdad.
A través de esta comisión, se lograrán una coordinación interinstitucional y un intercambio de experiencias entre las instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, informó el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado Rafael del Pozo Dergal.
Además, promoverá, fomentará y difundirá el valor de la integridad en los servidores públicos, la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos como lo ha señalado el gobernador Carlos Joaquín.
La Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo es un órgano colegiado cuyo objetivo es establecer las bases para fortalecer las acciones de vinculación institucional; y promover la modernización de los esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública, y el desarrollo de la administración pública.
Quedó formalmente instalada el 28 de mayo de 2018. El secretario de la Contraloría del Estado Rafael del Pozo Dergal fue nombrado presidente de este órgano colegiado y se entregaron nombramientos a los coordinadores de las regiones sur, centro y norte.
Estas acciones benefician a los quintanarroenses, ya que, a partir de los esquemas homologados entre los tres órganos de gobierno, se promoverá que el manejo de los recursos públicos se realice con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
La CPCEQROO está integrada por los titulares de los órganos de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General del Estado, del Congreso del Estado de Quintana Roo, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, del Tribunal Electoral del Estado, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de los contralores de los 11 municipios.