Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.ÔÇô Hasta un millón de pesos ha dejado de recaudar el Ayuntamiento de Bacalar por concepto de extensión de horarios para la venta de bebidas etílicas, ante los ajustes realizados en la Ley de Alcoholes.
Juan Gabriel Borges Chim, tesorero, detalló que 55 establecimientos del giro licorero que año con año tienen por costumbre cubrir la anualidad durante los primeros dos meses para generarse un ahorro, no han podido hacer el pago anticipado de esas horas extras por las controversias en la Ley.
Explicó qué tanto el ayuntamiento bacalarense como las vinaterías están a la espera de que el Congreso del Estado de Quintana Roo concrete las reformas a la norma emitida a finales de 2018 para poder hacer sus estimaciones.
Borges Chim comentó que el ingreso por concepto de extensión podría parecer insignificante comparado con otras demarcaciones; sin embargo, para esta pequeña comuna es una suma importante que no ha podido ser aplicada en obras, acciones e inversión de beneficio social.
Lamentó que al integrar la denominada Ley de Alcoholes, los diputados del Congreso local hayan omitido invitarlos para opinar o aportar ideas para tener una normativa que no lesione a ningún sector social y que sí apoye a la seguridad pública que, como se dijo, es el principal objetivo de esta legislación que regula la venta de bebidas embriagantes.
Pese a esto, Borges Chim confió en que, según las reuniones que han sostenido con autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diputados de la XV Legislatura, la emisión de reformas será favorable para que los montos señalados no vayan a la baja, y Bacalar pueda seguir contando con esos recursos.
También descartó la presentación de algún recurso legal, como las controversias constitucionales planteadas ante la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) por los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez.
Dijo que esa ley es rigurosa, al condicionar que los bares chetumaleños sólo puedan adquirir una extensión de horario si cumplen requisitos “sacados de la manga”, entre ellos cámaras de video, agentes de vigilancia, alcoholímetro y hasta un vehículo como transporte alterno para los consumidores que se excedan con las bebidas.