Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.- Diputados de la XV Legislatura emitieron un exhorto dirigido a los ayuntamientos de Quintana Roo para que cumplan con la Ley de Participación Ciudadana y promuevan la conformación de las figuras jurídicas en cuanto a consejos consultivos, comités ciudadanos y vecinales.
A propuesta de la diputada Yamina Rosado Ibarra, el pleno legislativo consideró que, si bien las autoridades municipales iniciaron su gestión apenas a finales de septiembre de 2018, es necesario que observen el mandato de ley y construyan el marco legal y el reglamento para promover de forma eficaz la implicación de la gente.
El exhorto está dirigido a los cabildos de los once ayuntamientos de la entidad para que den cabal cumplimiento al Articulo Tercero Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del estado, vigente desde marzo de 2018.
Yamina Rosado dijo que la silla ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo, las audiencias vecinales, consejo consultivo ciudadano, y los comités de vecinos, son los mecanismos de fiscalización y anticorrupción y de transparencia que se han conformado a nivel estatal, con la intervención de ciudadanos y organismos independientes de la sociedad civil.
Su objetivo es que, por ejemplo, a través de la silla ciudadana se incorpore a los trabajos del cabildo un representante ciudadano que pueda participar en las decisiones del cabildo, con perspectiva del pueblo y no de gobierno.
En esa ley se dio de plazo seis meses o 180 días naturales para que los ayuntamientos realicen las adecuaciones o adiciones reglamentarias en materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, audiencias vecinales, consejo consultivo ciudadano, y los comités de vecinos, sin que hasta el momento se hayan realizado esos trabajos y adecuaciones.
Con estas tareas, el Congreso del estado, busca que en los gobiernos municipales se asegure el derecho de participación ciudadana y vecinal, lo cual es competencia de las comunas, como se ordena en el artículo 115 constitucional.
La legisladora advirtió que el plazo está agotado desde septiembre de 2018 y se corre el riesgo de que la sociedad civil organizada o cualquier persona pueda acudir a las autoridades jurisdiccionales y promover juicios de amparo, para reclamar el incumplimiento a su derecho de participar en la toma de decisiones, dentro de los gobiernos de cada municipio.
Insistió en señalar que la ley fue construida con el consenso ciudadanos y tiene por objeto promover el derecho de los habitantes de Quintana Roo a intervenir y participar individual y colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, para contribuir en la solución de los problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones de la comunidad.
En esa misma normatividad se da facultades y obligaciones a los municipios para expedir el reglamento y regular la incorporación de las figuras que promuevan la participación del individuo.