Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco celebraron un convenio específico de adhesión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recibir el presupuesto del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El objetivo es que el Secretariado transfiera recursos federales de este esquema a los beneficiarios, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, a fin de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, que realiza de manera directa.

El monto asignado para Benito Juárez es de 27 millones 311 mil 913 pesos, para lo que resta del año. Para Solidaridad y Othón P. Blanco es de 13 millones 789 mil 13 pesos, y 11 millones 320 mil 371 pesos, respectivamente.

Como se había informado previamente, los municipios estarán obligados a aportar una cantidad extra, equivalente al 20% del presupuesto asignado a la entidad, a fin de garantizar la operación del programa de seguridad en cada demarcación.

De tal suerte que Benito Juárez se comprometió a aportar 5.7 millones de pesos, Solidaridad, 2.8 millones de pesos y Othón P. Blanco, 2.3 millones de pesos.

“Los beneficiarios deberán ejercer los recursos del Fortaseg observando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, se lee en el texto.

Los municipios deberán orientar las acciones del personal policial a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su competencia.

Además, remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito de el Secretariado Ejecutivo el Programa de Prevención del Delito de Tortura, y desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, medidas de prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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