Hábitad
Por: Alejandro Ramos M.
Correo: alejandro.ramos@24-horas.mx
Las controversias por el horario de verano no terminan; han aflorado nuevamente las voces que demandan su cancelación, y ahora el fuego viene desde el ámbito legislativo. Desde que este horario empezó a aplicarse de forma regular en todo el país, en 1996 ÔÇôcon el objetivo inicial de homologar la hora entre México y Estados Unidos- brotaron voces que se oponían a la medida por considerar que elevaba la inseguridad por las mañanas, por la oscuridad hasta las 7:00 horas, por impactos en los procesos básicos de educación, afectación a la salud, alteraciones en las relaciones sexuales (el “mañanero”) y por los resultados pírricos en materia ambiental y en el ahorro de energía. Y los cuestionamientos se centraban en que el único fin era estrictamente el comercial.
Hoy legisladores del partido gobernante, Morena, desde el Congreso de la Ciudad de México y de la Cámara de Senadores impulsan un decreto para abrogar el horario de verano (que abarca siete meses), que se instrumentó en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Los argumentos son los mismos de hace 23 años: “El horario de verano trae consecuencias nocivas a la salud de la población y no genera beneficios económicos o energéticos evidentes”, según lo ha expresado el diputado Carlos Castillo y el senador Félix Salgado (quien ya presentó una Iniciativa de Decreto para abrogar dicha medida).
Y vale recordar que, en 2000, el Gobierno federal encargó un estudio para determinar el impacto del horario de verano en la sociedad mexicana, el cual fue coordinado por Pablo Mulás del Pozo, entonces director de Programas Universitarios Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, en el que participaron 70 instituciones y 121 investigadores y profesores de diferentes entidades del país.
Dicho estudio se realizó en tres meses, y en el mismo se advertía que tuvieron poco margen para efectuar estudios específicos con el fin de recabar información nueva, pues la mayor parte del análisis se llevó a cabo con datos que ya existían en diversos sectores gubernamentales y académicos; sin embargo, en sus conclusiones señalaba que se encontraron impactos positivos y negativos, insignificantes e importantes.
Lo positivo se centraba en la sincronización del horario en la zona fronteriza norte con Estados Unidos; en el sector turismo con mayor número de horas luz y en el sector energético nacional en la reducción del pico de demanda. Aunque en el ahorro de energía se establecía que era pequeño con menos de 1%, y se precisaba que, a nivel doméstico, dicho ahorro era muy pequeño en términos económicos. Lo mismo se determinó en la cuestión ambiental con mínimos beneficios, lo cual era similar en las áreas agrícola, ganadera, financiera, industrial, de telecomunicaciones y transporte. Y en salud se advertía sobre un estrés acumulado con afectaciones digestivas, cuadros diabéticos y obesidad, así como alteraciones psicológicas y en el desempeño sexual.
Y un dato interesante es que la población consultada en aquel entonces señalaba, con irritación, la imposición de la medida, el centralismo y hasta engaño en que incurrieron las autoridades.
A la fecha no se sabe de otro estudio de esta magnitud, y ahora que se atizan nuevos debates en el Poder Legislativo sería muy conveniente que el Gobierno federal encargara nuevos trabajos científicos para determinar si el horario de verano trae más impactos negativos que benéficos a la población.
La Secretaría de Energía y la CFE llevan mano en este asunto, y lo deseable sería que ya estén perfilando nuevos estudios sobre los saldos del horario de verano con el objetivo de que éstos sirvan de plataforma para los legisladores que, en 2020, buscan poner fin a la medida.
Recordemos que en 2001, ante los reclamos sociales, el presidente Vicente Fox redujo en algunas entidades, incluida la CDMX, a cinco meses el horario de verano, pero en 2002 regresó a siete meses, ya que el Congreso dictaminó que la medida era federal.
Ojalá que los cambios que vengan no se resuelvan con consultas improvisadas o con posturas de partidos políticos. El trabajo científico y la transparencia deben imponerse.