La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
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Vamos por partes.
La orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin tiene como origen la venta de la planta de Agronitrogenados con un supuesto sobreprecio de 620 millones de pesos.
Pemex, en los tiempos de Lozoya, pagó a Altos Hornos de México, presidida por Alonso Ancira, 273 millones de dólares por la planta que ahora se sabe es chatarra.
La justificación de la compra era incrementar la producción de fertilizantes en 1.3 millones de toneladas, cosa que no ocurrió.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó del hallazgo de depósitos de millones de dólares de Altos Hornos a una compañía off shore (se dice que son más de dos) que recibía dinero de Odebrecht que ha sido relacionada con Lozoya, apenas dos meses después de la operación de compraventa de Pajaritos.
La aclaración vale porque sobre Lozoya pesa aún la acusación de haber recibido 10 millones de dólares de la brasileña Odebrecht, que habrían sido canalizados a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.
Ahora que el gobierno de López Obrador se decidió a dar el paso de la denuncia pública a la denuncia penal, la gran pregunta es si la investigación del caso AHMSA seguirá la ruta del dinero hasta llegar al caso de los 10 millones de dólares.
Es decir, hasta el propio Peña Nieto, a quien López Obrador no le ha dirigido ningún mensaje verbal.
Pero quizá la orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin lleve implícito dicho mensaje; que el combate a la corrupción va en serio y que se ha llevado su tiempo armar los expedientes.
Si fuera así, seguramente otros prominentes miembros del Gobierno anterior deberían poner sus barbas a remojar, desde quienes coordinaron la campaña presidencial de Peña, hasta quienes hicieron negocios, concesiones y contratos de obra
¿Peña de verdad tendrá de qué preocuparse?
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Por cierto, hablando de priistas y su partido, nada halagador es el panorama para el tricolor en las elecciones del próximo domingo.
En los seis estados en los que habrá elecciones, el PRI es oposición; en los dos estados que habrá elección de gobernador, Baja California y Puebla, apenas pinta.
En el primer estado hubo una desbandada de militantes que se dejaron atrapar por el canto de Morena y se han dedicado a echarle tierra a su ex partido; en Puebla, su candidato a la gubernatura trae el sello de Mario Marín ÔÇôprófugo de la justicia- en la frente.
En Tamaulipas, donde habrá elección de presidentes municipales y diputados locales, el PRI presume a dos ex gobernadores presos; en Quintana Roo, igualmente el otrora partidazo no tiene cara para esconderse después de los desmanes que hizo Roberto Borge, también preso.
Si a eso le sumamos las multas que ha recibido por parte del INE, el nulo trabajo de calle derivado de su astringencia económica y el conflicto por la sucesión de Claudia Ruiz Massieu, a lo único serio que puede aspirar al PRI es a no perder el registro en esos seis estados.
A ver.
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Por cierto, 11 de 12 gobernadores del PRI se alinearon para hacer su candidato al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.
Y aunque parece una “cargadaÔÇÖÔÇÖ definitiva, falta conocer cuáles serán las reglas de la contienda interna para determinar si los gobernadores hicieron una elección adelantada.
No se ve que Alito tenga competenciaÔǪ, pero el PRI, con todo, sigue teniendo las mañas del PRI.
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