Cancún.ÔÇö Cancún y Playa del Carmen incumplen la Norma Oficial Mexicana (NOM) 156, que obliga a implementar redes de monitoreo de la calidad del aire en ciudades con más de 500 mil habitantes y la decisión de colocar ese tipo de estaciones queda al albedrío del gobierno del Estado, que desde siempre minimiza el fenómeno porque “no hay información suficiente para realizar una evaluación de los impactos en la salud”.
Ya en junio pasado, el Estudio de la Distribución de Metales presentes en Polvos Urbanos de la Ciudad de Cancún, elaborado por estudiantes de la Universidad del Caribe (Unicaribe), estableció que Cancún cumple tres de las cinco condiciones para instalar un sistema de monitoreo de la calidad del aire.
El trabajo reveló concentración de plomo y zinc en Benito Juárez, similar al que registran grandes ciudades, como Madrid y la Ciudad de México, y recomendó instalar tres estaciones de monitoreo: por la embotelladora Coca Cola, en la avenida José López Portillo; a la altura de Plaza Las América, sobre la avenida Tulum, y en el kilómetro 3 de la Zona Hotelera, en la parroquia Cristo Resucitado.
En su conferencia magistral Estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático en la región Sur-Sureste, la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), María Amparo Martínez Arroyo, señaló que ya hay pláticas con las autoridades ambientales estatales para instalar las estaciones.
“Estamos hablando sobre la posibilidad de apoyarlos para que se defina dónde convendría y cómo estaría, pero depende del gobierno del Estado el saber dónde se concentran emisiones que puedan ser dañinas para la gente, en primer lugar, para los cultivos, para las edificaciones y cómo se puede arreglar. Entonces, tenemos que hacer seguramente algunos estudios conjuntos.”
La científica señaló que. pese a que no se ha reunido con el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, ya charló con la subsecretaria de Política Ambiental, Graciela Saldaña Fraire, y hay muchos temas en común, sobre todo los relacionados con el sargazo, y destacó que hay disposición de ambas partes.
Sin embargo, la decisión de colocar estaciones de monitoreo de la calidad del aire, cuando menos en las dos ciudades quintanarroenses que violan la NOM 156, corresponde al gobierno estatal y no hay un ente federal que constate el cumplimiento de la legislación medioambiental.
“Aquí hay una cuestión muy complicada porque nosotros en términos científicos y técnicos, hacemos la coordinación, vigilamos cómo están y coordinamos la Red de Monitoreo, pero es una atribución estatal. Si el estado no lo pone, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos atribución de gestión, sino de investigación y apoyo técnico.”
Dijo que si el gobierno estatal lo decide cabría la posibilidad de venir con unidades móviles a definir con la autoridad cuáles serían los mejores sitios para colocar las estaciones, y dejó en claro que el gobierno estatal es juez y parte del cumplimiento de la NOM, que señala que el monitoreo es obligatorio en ciudades con más de medio millón de habitantes.
Martínez Arroyo también alertó que está latente la posibilidad de que otras especies vegetales y animales empiecen a tener comportamientos de proliferación masiva, como el sargazo, y exhortó a los medios a documentar y denunciar la excesiva tala de selva y manglares debido al incontenible desarrollo inmobiliario en Quintana Roo.
Con información de INFOQROO