Teléfono Rojo
Por José Ureña
Correo: joseurena2001@yahoo.com.mx
Son los más desprotegidos.
No tienen seguridad social.
Están en la primera línea de despidos laborales.
Varias instituciones estadounidenses -el Departamento del Tesoro por delante- los tiene como objetivo en sus envíos de dinero hacia sus lugares de origen.
Y Donald Trump los excluyó del programa de sus beneficios pese a pagar impuestos con puntualidad religiosa durante años.
Todo esto, dicen tarjetas informativas elaboradas por el Gobierno mexicano y conocidas por el cuerpo diplomático en Estados Unidos, se traducirá en gran carga para México.
Para México y los países centroamericanos.
DESPLOME DE DIVISAS
El monitoreo es constante.
Desde distintos ángulos se recopilan datos para medir el impacto de los, hasta ahora, alrededor de 10 millones de trabajadores despedidos por la crisis consustancial al Covid-19.
Interesa mucho a las autoridades hacendarias encabezadas por Arturo Herrera, pero también a Marcelo Ebrard porque sobre él recae un plan doble.
Por una parte, atenderlos en sus lugares de residencia en Estados Unidos y, de la otra, organizar un regreso ordenado, porque las deportaciones no se han detenido.
Ni se detendrán.
Allende sus aspectos migratorios, el impacto será brutal, porque las crisis pasadas es un cúmulo de malas experiencias.
Un dato simple: en la de 2009 únicamente 25% de los desempleados -y este año serán millones de mexicanos- recurrió a sus raquíticos ahorros para apoyar a sus familias.
Si lo económico es alarmante, lo sanitario también.
El coronavirus, se ha visto, afecta más a las personas con problemas añejos de salud y la revista BMC Public Health da la siguiente estadística de los mexicanos en territorio estadounidense: 70% tiene obesidad y 10%, diabetes.
El mal cuadro lo completa la Kaiser Family Foundation: solamente uno de cada cuatro indocumentados está asegurado.
Y quien no tiene papeles de residencia o trabajo no recurrirá en busca de atención médica a una institución de salud pública ante el temor de ser remitido a México.
PACTO DE RADIODIFUSIÓN
1.- No pasó desapercibido, pero con el tiempo se olvidó.
Desde noviembre pasado hubo un pacto entre el Presidente y Cámara de la Industria de Radio y Televisión.
Ahora les ha regresado el tiempo usado desde hace medio siglo, cuando instauró ese impuesto Gustavo Díaz Ordaz, en publicidad gubernamental.
Los empresarios del ramo están contentos y van por otro objetivo: exigir a senadores, diputados y el Poder Judicial el resarcimiento causado por este “atropello de Díaz Ordaz”.
2.- No hacen falta reformas constitucionales, asegura el gobernador de Sinaloa.
Por ello Quirino Ordaz negocia con los dirigentes de partidos políticos ceder 50% de prerrogativas para reforzar los programas de combate al coronavirus.
Y 3.- Un presunto asesino en grado de tentativa está detenido.
A Alejandro Murat no le importó la filiación política de Juan Vera, quien ordenó atacar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, y promete hacerlo pagar su delito.
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