El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo solicitará un millón 400 mil pesos de presupuesto el siguiente año para echar a andar el Sistema de Justicia Abierta.
Lo anterior fue dado a conocer este martes por Raúl Cázares Urban, integrante del CPC.
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Solicitará CPC 1.4 mdp para sistema de justicia abierta
El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo la firma de declaratoria de la co-creación de la Política de Justicia Abierta en Quintana Roo, en el cual se incluyen al Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Idaipqroo, la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y otros entes.
“Se trata de tener la voluntad de estos entes públicos, algunos autónomos, otros poderes, para poder co-crear la política de justicia abierta, con miras a transformar las instituciones en todos los aspectos, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo-operativo”, dijo Raúl Cázares en entrevista telefónica.
“El objetivo general es que los índices de impunidad, que están tan altos, se puedan abatir; que haya mejor atención, que aumenten los índices de judicialización”, añadió el especialista en temas de transparencia y anticorrupción.
De acuerdo con el estudioso álvaro Ramírez Alujas, el el “gobierno abierto” surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad:
- Transparente
- Multidireccional
- Colaborativo
y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas.
La firma de la declaratoria de Justicia Abierta en Quintana Roo es un esfuerzo sin precedentes en el país, resaltó Cázares.
“Esta declaratoria es como la voluntad de querer hacer un ejercicio de gobierno abierto, en este caso, de justicia abierta […] A nivel nacional, es el primer ejercicio que se hace así, de esa manera, con esos órganos y poderes, sumados a construir un sistema de justicia abierta para abrir institucionalmente los entes públicos y, obviamente, modernizarlos, con base en la Política Nacional Anticorrupción” dijo.
Sin embargo, el proyecto de Justicia Abierta no podrá prosperar sin los recursos pertinentes, advierte.
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“Por ahora estamos haciendo el proyecto para el presupuesto de 2022.
Esperamos que lo aprueben. Son cerca de un millón 400 mil pesos”, dijo Cázares sobre el recurso que necesitaría la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Lo que haríamos desde el Sistema es construir una metodología del diagnóstico, luego viene la construcción de la política a construir el siguiente año para que en 2023 empiece a operar”, explicó.
Dichos trabajos, apuntó Cázares, serán coordinados por el CPC.