Derivado de una nueva investigación, José Alejandro Marrufo Roldán, tesorero durante la administración de Roberto Borge Angulo, fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 450 millones de pesos, en perjuicio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), informó este jueves la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.
Lo anterior, tras una larga audiencia inicial, con fecha del 7 de octubre de 2021, que terminó la noche del miércoles, derivada de la carpeta administrativa 640/2021.
“Luego de un debate con la defensa, el juez de control determinó la existencia de datos de prueba suficientes para vincular a proceso al ex funcionario, por el delito de peculado”, según la ficha informativa emitida por las autoridades.
Marrufo Roldán, cuando se desempeñó como tesoro estatal, ordenó disposiciones en efectivo desviado de su objeto sin justificación y retirado de la cuenta corriente de la Sefiplan, lo cual “viola las disposiciones contables”.
El monto en cuestión es de 450 millones de pesos, presunto delito que cometió en conjunto con analistas y choferes de la Sefiplan, con quienes “simuló internamente una justificación de dicho desvío a través del rubro gastos a comprobar con expedición de cheques”, de acuerdo con la Fiscalía.
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Vinculan por peculado a ex tesorero de Borge
Sobre Marrufo Roldán pesa otra averiguación, con número de identificación 144/2018, también por peculado, presuntamente cometido en perjuicio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, hoy Secretaría de Obras.
Derivado de dicha averiguación, el juez adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral y Encargado de la Dirección de la Policía Ministerial Zona Sur y Centro, ambos con residencia en Chetumal, emitió una orden de aprehensión el 28 de agosto de 2018, ante lo cual Marrufo tramitó el amparo 1009/2019, cuya resolución fue en sentido negativo.
Aunque el ex funcionario ingresó una queja, radicada en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, identificada con el número 21/2021, ésta fue declarada infundada el pasado junio, lo cual ha posibilitado su procesamiento.
En las próximas horas, el juez de Control determinará la situación jurídica del imputado; se decidirá si puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen.