La reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera será una de las prioritarias para cuando se reanuden las sesiones de la XVI Legislatura, que tendrá los últimos meses antes de renovarse por completo tras las elecciones por venir.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), aseguró que ésta sera una de las prioritarias a discutir y aprobar antes de que termine la actual Legislatura.
Y es que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), busca garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública, sea a través de principios como el mérito, igualdad de oportunidad, legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia y lealtad institucional.
Durante 13 jornadas, investigadores, académicos, funcionarios y miembros del CPC discutieron en las últimas semanas en Quintana Roo la urgencia de una nueva ley; repasaron los antecedentes y las experiencias de otros estados en la materia y redactaron una propuesta, que luego tendrá que ser analizada por los diputados locales.
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Prioridad Ley de Servicio Profesional para Jugocopo
El producto final es, precisamente, contar con un documento técnico-metodológico donde se resuman los criterios analíticos que permitan tener un servicio profesional de carrera en el estado, con sus seis subsistemas –planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación de desempeño, separación y control y evaluación–, cocreado por dichos sectores invitados a las mesas, comentó Mariana Belló, integrante del CPC.
“La perpetuidad de los funcionarios en sus cargos no necesariamente conduce a la profesionalización del servicio público de carrera. Tienen que estar dispuestas todas las condiciones de ingreso, de quienes ingresan al servicio público, cuáles son las credenciales, sus méritos, su perfil. Eso es el subsistema del ingreso, pero luego hay otros subsistemas como el que vela por el tema de la permanencia de los funcionarios en su cargo, así como la capacitación, su movilización y la evaluación del desempeño”, comentó Belló.
Y eso es lo que estaría plasmado en la propuesta, que estiman estará lista en marzo de 2022.
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Ricardo Hernández