Quiere postrar definitivamente al Poder Judicial y a su cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el titular del Poder Ejecutivo.
Es una variante de aquel de 2013 cuando, la avanzada pejista, votó en contra de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y retó a la historia y a sus compañeros diputados:
En 2018 triunfó su caudillo y ahora, sus principios no están en duda, propone a sus diez compañeros ministros, avalar la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador para no hacerle las contras.
Empero, los momios están por dejar vigente esa ley a causa de las disposiciones absurdas de dos tercios -8 votos mínimo- para declarar inconstitucional alguna norma pasada por el Congreso de la Unión.
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LA LEY NO ES LA LEY
Varios elementos rodean esta decisión judicial.
En primerísimo lugar está la presión presidencial, sobre todo a partir de ayer, reminiscencia de ¡al diablo con sus instituciones!, cuando repitió para no dejar dudas:
-¡Y que no me vengan de que la ley es la ley!
¡Al diablo la ley!
Si hoy la Sala Superior votará por invalidar esa ley, Loretta Ortiz -esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, funcionario electoral y secretario de Gobierno del Distrito Federal (GDF) con López Obrador-, Yasmín Esquivel y demás obradoristas quedarían frustrados.
Pero si no reúne los ocho votos necesarios -y ayer estaban las negociaciones internas en la Corte para saber qué rumbo tomar, la autonomía o la complacencia con el poder-, volveríamos a ver independencia.
Como la negativa a negar el derecho ciudadano de exfuncionarios públicos de conseguir un empleo en los siguientes 10 años tras dejar sus cargos gubernamentales.
O el impedimento al Presidente para usar de manera discrecional los recursos ahorrados -cientos de miles de millones anuales- en la administración pública federal sin rendir cuentas a la población.
Pero si no, entonemos con la Corte de Arturo Zaldívar el nuevo slogan judicial:
-¡Es un honor, estar conÔǪ!
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AMPARO A DEL RÍO
La pelea sigue.
El gobernador veracruzano Cuitláhuac García sigue empecinado en mantener en la cárcel a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.
Es un pleito personal contra Ricardo Monreal, el jefe del control político de ese órgano legislativo y quien ha exhibido las violaciones a los derechos humanos del Gobierno de Veracruz.
De nada ha servido la mediación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), apéndice gubernamental desde la llegada de Rosario Piedra Ibarra.
Hoy el tema a debate es el amparo concedido a Del Río Virgen, quien desde diciembre sufre una cárcel injusta según todos los peritajes jurídicos de especialistas y autoridades.
Pero, insiste Monreal, el amparo y la libertad vienen.
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