El Ayuntamiento de Puerto Morelos se encuentra en bancarrota técnica a causa de las irregularidades cometidas en la administración de Laura Fernández, exalcaldesa y ahora candidata a gobernadora de Quintana Roo, aseguró este jueves Blanca Merari Tziu, presidente municipal.
En conferencia de prensa, Merari Tziu, acompañada de otras autoridades municipales, informó que derivado de los contratos irregulares de dos asociaciones público-privadas, el municipio tiene insuficiencia presupuestaria.
Esto, porque durante la administración de Fernández se contrataron dos APP para brindar luminaria y para la remodelación de oficinas municipales. Para estos proyectos, expusieron durante la conferencia de prensa, el Congreso había aprobado 105 millones de pesos, pero los contratos fueron por 836 millones de pesos a 20 años.
Las autoridades presentaron un audio de noviembre de 2021, en el que supuestamente se escucha a Laura Fernández y a su esposo, Carlos Moyano, donde hablan del virtual beneficio que obtendrían con este dinero.
Estos contratos comprometen, asegura Merari Tziu, las participaciones federales que llegan al municipio por los próximos 20 años.
Las participaciones federales de Puerto Morelos en 2022 ascienden a 31.2 millones de pesos, de los que 15 millones se comprometen para estos contratos irregulares, ahondó.
La empresa ha interpuesto siete demandas de amparo y un juicio contencioso administrativo para que el municipio prosiga con los proyectos de APP.
Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene denuncias penales y juicios de lescividad para echar por tierra estos contratos.
El pasado 11 de mayo, autoridades del Ayuntamiento de Puerto Morelos denunciaron este irregularidades en la administración de Laura Fernández.
En conferencia de prensa, Blanca Merari, y demás funcionarios denunciaron presuntos fraudes laborales, entre otras irregularidades.
Derivado del análisis de la entrega-recepción, Leticia Ramírez, contralora municipal, halló 2 mil 500 observaciones, que derivaron en más de 60 citatorios; se consignaron 24 asuntos que siguen su procedimiento administrativo.
También hay tres denuncias de carácter penal.
“La administración pasado nos heredó deudas, compromisos insostenibles”, dijo ese día Merari.
Irma ávila Méndez, oficial mayor municipal, explicó adeudos al SAT y al SATQROO. Dijo que la deuda es de 18.9 millones por retenciones por sueldos y salarios, asimilados a salarios y por arrendamiento.
En cuanto a la deuda al SAT Quintana Roo, dijo que se refiere a un préstamo de 30.3 millones de pesos de 2018. En enero de 2020 se firmó un convenio para el pago, que no se cumplió y por lo que aún se debe 28.7 millones de pesos.
Por deuda de ISN se adeuda 11.1 millones de pesos, detalló la oficial.
Y en cuanto al IMSS dijo que se le adeuda 89.7 millones de pesos.
“Derivado de dicho adeudo nos vimos imposibilitados de dar altas”, dijo aquel 11 de mayo ávila.
Detalló sobre un presunto fraude laboral de Hector Alcaraz Argote, ex oficial mayor. Pues pasó de ser oficial mayor a asistente administrativo, con el objetivo de estar sindicalizado, con categoría A1. Una vez sindicalizado, regresó al puesto de Oficial Mayor.
Lo mismo pasó el 6 de junio de 2021, para escalar en el nivel de sindicalización, al más alto escalafón, es decir, al 14.
Explicó que hay facturas por pagar a contratistas de 2016, por 698 mil pesos de 2016. En 2017 el adeudo fue de 666 mil pesos. En 2018 quedaron pendientes 35 mil pesos. En 2019, por 6.1 millones de pesos. En 2020 los pendientes fueron 7 millones de pesos. Y en 2021 fue una deuda de 22.7 millones de pesos.
En total se debe 37 millones 295 mil 876.26 pesos a proveedores.
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Puerto Morelos está en bancarrota por irregularidades de Fernández: Merari
“Todas estas deudas están contabilizadas, en facturas por pagar”, dijo la oficial.
Se han hecho convenios con los proveedores para intentar solventar el asunto, dijo.
También detectaron un avance del cero por ciento de obras, que ya habían sido pagadas en su totalidad.
María de los ángeles López Barrientos, secretaría de Obras municipal, explicó que algunas obras no se dieron cuenta en el acta de entrega recepción.
Explicó que existen denuncias penales por tres obras irregulares, supuestamente realizadas con recurso federal.
Karim de la Rosa, abogado del Ayuntamiento, explicó lo relativo a las asociaciones publicó-privadas.
Se firmaron dos contratos en este modelo, explicó De la Rosa, por alumbrado público y construcción de un edificio público, por más de 800 millones de pesos a un periodo de 20 años.
Fueron irregulares por que se adjudicaron montos muy superiores a lo aprobado por el Congreso del estado.
“Los contratos de asociación público-privados en alumbrado público y un edificio. Quisieron heredaremos el pago de los próximos 20 años de 830 millones de pesos, eso es el 30 por ciento de las participaciones federales en este tiempo”, dijo Merari.
El consejero jurídico, Jesymar Castillo Arangute, informó que se han recolectado pruebas para proceder legalmente.
Algunos procedimientos se desahogan en Contraloría municipal, pero otros son de carácter penal.
“Hemos interpuesto denuncias penales, por acciones y omisiones de la administración que deben ser investigadas por las Fiscalías estatal y federal”, dijo.
Entre las penales se encuentra una por peculado, ante la Fiscalía federal.
Otra por defraudación a los regímenes de seguro social, también el la Fiscalía federal.
La tercera es por negligencia en desempeño de sus funciones, fraude, peculado, entre otros, está ante la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
Falta una por omisiones fiscales relativo a los adeudos del ISR e ISN.
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