Desde hace dos años, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) acumula 11 quejas por violación a los derechos humanos de la comunidad LGBT+.
En 2020, de acuerdo con datos de la Cdheqroo, se presentaron dos quejas en Othón P. Blanco, una en Tulum y otra en Solidaridad.
Para 2021 hubo en Othón P. Blanco, Benito Juárez y en Tulum.
Y en lo que va de este año, se han registrado cuatro inconformidades por violación a los derechos universales de la comunidad: dos en Benito Juárez y dos en Solidaridad.
De manera general, de enero a mayo de este año, la Cdheqroo registró 760 quejas en la entidad. Del universo, 261 corresponden a Benito Juárez; 230, a Othón P. Blanco; 116, a Solidaridad; 54, Cozumel; 28, Tulum; 17, Bacalar; 16, Puerto Morelos; 15, Felipe Carrillo Puerto; José María
Morelos y Lázaro Cárdenas reportaron 10 cada uno; mientras que tres se suscitaron en Isla Mujeres.
Del total, 42 son de oficio, 532 interpuestas contra instancias estatales y 185 contra autoridades municipales.
DIVERSIDAD
Con base en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo cuenta con 96 mil 634 habitantes identificados como parte de la comunidad LGBTTIQA+, que representa al 6.7%de la población total.
En Yucatán, la cifra asciende a 151 mil 552 personas, que simbolizan el 8.3% de los habitantes de ese estado. Dicha demarcación se ubicó como la segunda con mayor proporción a nivel nacional, solo detrás del 8.7% que registró Colima y encima del 8.2%de Querétaro.
Para Campeche, 51 mil 603 se identificaron pertenecientes a la comunidad.
En México, la población de este sector asciende a 5 millones de personas mayores de 15 años, lo que representa a 5.1 por ciento de ese rango de edad, “que significa que una de cada 20 personas se identifica como población LGBTI+”.
La Endiseg está diseñada para identificar a la población LGBTI+; es decir, a todas las personas con orientación sexual o identidad de género no normativa o no convencional.
Contó con la colaboración conceptual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales.
RICARDO HERNÁNDEZ
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