Llegar a un panel de resolución de disputas bajo el T-MEC sería muy costoso para todos, afirmó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Estamos esperando no llegar al panel, sería muy costoso para todos. Vamos apostarle a que lo vamos resolver en el periodo de consultas”, declaró en referencia a las diferencias que tienen Estados Unidos y Canadá con la política energética del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Confió en que los tres gobiernos puedan resolver sus desacuerdos antes de que termine el plazo de 75 días, sin embargo, si se ponen de acuerdo, pueden extenderlo.
“Para nosotros (el T-MEC) es el instrumento más importante, es lo que le ha dado un rostro económico a México”, declaró tras la firma de un convenio de colaboración entre CCE y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Señaló que han habido discusiones en el marco del tratado provenientes de los tres socios, como el proyecto Build Back Better, donde los incentivos fiscales para autos eléctricos en Estados Unidos sólo beneficiaban a las unidades producidas en ese país, ante lo cual México y Canadá solicitaron consultas, caso que al final se resolvió con la aprobación del Senado estadounidense de incentivos a los automotores producidos en Norteamérica.
Agregó que hay señales positivas, como el que se atendiera el tema del transporte de gas natural y para el que ya se dio una prórroga de 90 días.
“Tenemos que hablar regionalmente, como región somos la economía más grande del mundo, ante retos importantes, la competencia es muy legítima, hemos sostenido”, apuntó.
Subrayó que el T-MEC le permite a México ser el primer socio comercial de la economía más grande del mundo.
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Cervantes agregó que el sector empresarial está muy pendiente del desarrollo de la discusión y está listo para apoyar en lo que sea necesario: “Tenemos que ver cómo el Gobierno va ingresando en las consultas y ver nosotros cómo colaborar desde nuestra trinchera”.
El Gobierno mexicano libra una batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos, Canadá y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que la transmisión y distribución son monopolio del Estado.
El Gobierno de López Obrador fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal sobre toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.
El conflicto con Estados Unidos se lleva gestando 18 meses, durante los cuales los funcionarios estadounidenses han reiterado su preocupación por los cambios en las políticas energéticas de su vecino, que a su juicio violan los compromisos asumidos por México al firmar el acuerdo comercial.
Con información de 24 Horas Nacional
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