Por tratarse de una reforma a la Constitución se requiere de la presencia física de los legisladores y para su aprobación el voto a favor de dos terceras partes de los diputados presentes.
Por tratarse de una reforma a la Constitución se requiere de la presencia física de los legisladores y para su aprobación el voto a favor de dos terceras partes de los diputados presentes.

 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor y diez en contra el dictamen a la minuta que devolvió el Senado en materia de Fuerzas Armadas y Guarida Nacional para que éstas continúen en tareas de seguridad pública hasta 2028 y no termine su participación en 2024.

En tanto, la sesión presencial en el Pleno se concluyó y se citó a otra presencial para hoy mismo para discutir y votar el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Por tratarse de una reforma a la Constitución se requiere de la presencia física de los legisladores y para su aprobación el voto a favor de dos terceras partes de los diputados presentes.

Este dictamen ya había sido aprobado previamente en San Lázaro gracias a los votos de Morena y sus aliados y los votos a favor del Revolucionario Institucional, que fue el partido que presentó la reforma.

En la sesión de la comisión, el diputado Salvador Caro (MC) reprochó que el dictamen era resultado de acuerdos políticos con senadores y partidos “que tienen mucha cola que les pisen”.

Aseguró que la reforma es una decisión enteramente política y una vergüenza para la Cámara de Diputados que les regresen una minuta totalmente modificada cuando Morena promovió junto con sus aliados que no se mueva ni una sola letra.

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Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca (PAN) afirmó que las modificaciones al dictamen hechas en el Senado fueron para justificar “el cambio de opinión” logrado a través de la fuerza del Estado ya sea con amenazas o con premios”.

Sostuvo que los cambios no resuelven el fondo del problema, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó los lineamientos a los que se debe sujetar la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero se contraponen a lo establecido en el dictamen.