La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, tras revisar la cuenta Pública de 2021 en Cozumel, y la aplicación de recursos en 2022, hubo un probable desvío de casi un millón de pesos, además de opacidad y la asignación irregular de contratos por parte del Ayuntamiento.
“El municipio de Cozumel, Quintana Roo, incurrió en observaciones con cuantificación monetaria debido a que no presentó la documentación justificativa por un importe de más de 959 mil pesos en una adquisición, con la que justifique el ejercicio de los recursos (…) lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de más 959 mil pesos”, señala el informe de la ASF.
El reporte, al que 24 horas Quintana Roo tuvo acceso, confirma la irregular aplicación de recursos por un monto de 959 mil 673.80 pesos, de los cuales, “se recuperaron recursos por 5.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1.28 pesos se generaron por cargas financieras; 959,668.80 pesos están pendientes de aclaración”.
En el informe se señala además la irregular asignación de contratos de obra pública, que derivaron en otras observaciones de las autoridades revisoras, ya que el gobierno hizo una licitación irregular.
“Se adjudicaron dos contratos indebidamente con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021, mediante licitación pública estatal debiendo haber sido por licitación pública nacional”, señala el reporte de la auditoría.
Por otro lado, una de las empresas asignadas, cuyo nombre no señala la auditoría, no era elegible para realizar el trabajo, de acuerdo con el informe de los auditores.
“La empresa al momento de la convocatoria no tenía domicilio fiscal en el estado de Quintana Roo, ni comprobó contar con la experiencia y antigüedad de establecimiento mínimas en el estado de Quintana Roo”, señaló la ASF.
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Inunda opacidad a la isla de Cozumel
Al respecto, 24 Horas Quintana Roo ha señalado al actual gobierno, que encabeza Juanita Alonso, de otorgar contratos a empresas consentidas, entregando proyectos por un monto superior a los 16 millones de pesos a cuatro constructoras, que son las que han acaparado las obras públicas, de acuerdo con los escasos contratos que ha hecho públicos el gobierno municipal.
Respecto a los dos contratos, la ASF indicó que el gobierno de Cozumel incurrió en anomalías como la formalización de la donación de terreno para hacer una red de electricidad en Las Fincas, la cual no está en operación.
Y además detectó irregularidades en la compra de materiales para el asfaltado y/o bacheo, violando las normas aplicables.
“No adjudicó una adquisición de emulsión y mezcla asfáltica de conformidad con la normativa aplicable, ya que no se contó con el expediente de licitación, la convocatoria, las bases de licitación, acta de junta de aclaraciones, propuestas técnico-económica, dictamen, actas de presentación, apertura, y fallo, ni contó con la fianza de cumplimiento correspondiente”, describe la ASF.
Justamente la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Cozumel propició que en la revisión del Fondo para 2021, la ASF señalara otra observación, derivado del incumplimiento de obligaciones de ley en materia de transparencia respecto a la asignación y aplicación de recursos.
“Se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el municipio de Cozumel no mostró congruencia en lo que se refiere a los montos reportados y al número de proyectos financiados”, confirma la auditoría.
Y finalmente, la ASF señala que el gobierno de Cozumel aplicó recursos de manera indebida, lo que arrojó un par de inconsistencias más documentadas por los auditores.
“Invirtió el 8.5% de los recursos pagados del fondo en una obra que no opera, y el 1.4% de los recursos no contó con información justificativa del gasto, conceptos que no cumplen con el objetivo del fondo”, denunció la Auditoría Superior de la Federación.
Pese a estas inconsistencias, la ASF determinó evaluar positivamente la gestión de los recursos, señalando las “áreas de oportunidad para mejorar la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos”.
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