Durante la primera semana del año el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Othón P. Blanco reportó seis casos por maltrato a adultos mayores, principalmente casos de abandono, golpeados o hasta explotados, principalmente por sus propios hijos o nietos.

En 2022 fueron 100 denuncias y un año antes, 57, por lo que este tipo de abusos tiene una marcada tendencia al alza.

También te puede interesar: Mara Lezama entrega cobertores y atiende a adultos mayores en Calderitas

“Si saben de algún tema relacionado al maltrato que nos digan, nosotros damos acompañamiento jurídico”, mencionó David Hernández Solís, presidente honorario del DIF en la capital, al reconocer que muchos casos no son denunciados, ya que las víctimas no tienen los medios para defenderse.

El principal problema es el abandono, pues no hay quién los cuide ni alimente, les de atención médica oportuna o, en caso de complicaciones de salud, les traslade a un médico, por lo que su estado se agrava.

ENEMIGO OCULTO
la violencia que se ejerce sobre adultos mayores puede ser desde la económica, como quitarles su pensión o no darles su dinero; física, con golpes y empujones; emocional, al señalar que son una carga para la familia, entre otras. Todo esto genera depresión y ansiedad a las víctimas.

Puedes leer: Cinco niños y tres adultos muertos tras tiroteo en Utah

En ese sentido Hernández Solís pidió denunciar de manera anónima, pues hay mucha gente que realiza estas prácticas que no son visibles, ya que se cometen en el seno familiar y poco son expuestas al ojo de persona ajenas.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos.
En Quintana Roo, 12% de la población tiene más de 60 años; ante esta situación en la pasada Legislatura del estado se ingresó una iniciativa, de mano del entonces diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, para fortalecer la Ley estatal de los Adultos Mayores y así sancionar actos en contra de este grupo poblacional, en la que se consideraba el abandono un acto punitivo.

La propuesta, que exigía a las instituciones del gobierno estatal velar por este grupo etario y prevenir que la familia de las víctimas los agreda o margine, fue prorrogada en la actual legislatura.