Plataformas como Didi food y Uber Eats pagarían un nuevo impuesto del 2 por ciento por cada servicio que realizan, además se busca que los repartidores cuenten con una licencia para poder trabajar, de acuerdo con una iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Ante ello, los repartidores se ha pronunciado en contra, como es el caso de la organización civil “Ni Un Repartidor Menos”, la cual hizo circular un boletín en el que alertan de la iniciativa y exponen su inconformidad.
“Se elimina el trabajo libre, los repartidores tendremos que pedir un permiso para poder ejercer nuestro trabajo, además nos obligan a asociarnos, no podremos sacar ese permiso si no formamos parte de una organización o empresa”, destaca el comunicado de “Ni un repartidor menos” Cancún.
Y añade que, crear un impuesto por cada pedido, afectaría sus ganancias y subiría los precios para el consumidor, por lo que argumentan recibirían un número menor de pedidos de comida a domicilio.
Esto debido a que la iniciativa busca que las plataformas otorguen al gobierno local 2% de cada servicio, sea viaje o entrega, que se destinaría al Fondo de Movilidad del estado, en una medida muy similar adoptada en la Ciudad de México para obtener recursos por este tipo de servicios que ofrecen las plataformas.
En Quintana Roo se plantea como un porcentaje del total del pedido o viaje otorgado por las apps, por lo que los repartidores organizados argumentan que el nuevo impuesto incrementaría directamente los costos a repartidores, a consumidores y a comercios. “La medida genera una distorsión en la cadena de valor, lo que encarece precios y afecta la competitividad de los comercios”, se lee en su boletín.
Así también, se prevé una nueva obligación para los repartidores, debido a que quienes estén en el negocio de “servicio privado de transporte de repartición y diligencias”, tendrían que cumplir con las condiciones que se establecerán para obtener un permiso y continuar haciendo su trabajo.