El hallazgo de documentos clasificados en las residencias privadas de Donald Trump, Joe Biden y Mike Pence ha reavivado el debate sobre una vieja práctica del gobierno de Estados Unidos, que cada año pone el sello de confidencial a millones de documentos.
Hallazgo de documentos clasificados reaviva debate sobre qué es confidencial en Estados Unidos
Secretos nucleares, nombres de espías, cables diplomáticos: en todo el mundo, los gobiernos tienen cuidado de no revelar información que pueda comprometer su seguridad, la de sus agentes o sus relaciones con otros estados.
Pero en Estados Unidos, el afán de clasificación ha adquirido, según la opinión general, proporciones desmesuradas.
Sin embargo, “muchos de los documentos clasificados no son tan sensibles”, dijo a la AFP Bruce Riedel, un ex experto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que ahora trabaja en el centro de estudios Brookings Institute.
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En 2016, un informe del Congreso señaló que “entre el 50 y el 90% del material clasificado no está bien categorizado”.
La desclasificación a veces provoca sonrisas, como cuando la CIA levantó en 2011 el secreto sobre documentos protegidos durante casi un siglo que explicaban… cómo crear tinta invisible.
Según Riedel, la culpa es de la “inercia burocrática”: para un funcionario “es más seguro clasificar los documentos, de modo que si alguien le pregunta por qué pasó a ser de dominio público, puede decir que hubo una filtración”.
“El pecado original”
El sello de “confidencial” limita el número de personas autorizadas a consultar estos archivos e impone reglas estrictas de almacenamiento. Las violaciones están sujetas a enjuiciamiento.
Al dejar la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de archivos, algunos de los cuales incluían documentos confidenciales, lo que le valió un registro de su casa de Florida a mediados del año pasado.
Recientemente, también se encontraron documentos de esta naturaleza, en menor proporción, en las casas de su exvicepresidente, Mike Pence, y del sucesor demócrata de Trump, Joe Biden.
“Algunos concluirán que los procedimientos que regulan el uso de documentos clasificados son demasiado laxos, pero este no es el caso”, dijo Elizabeth Goitein, especialista en seguridad nacional del grupo de expertos Brennan Center for Justice.
“El culpable está en otro lado”, escribió en una columna publicada por el semanario The Nation. “Radica en el pecado original que explica casi todas las disfunciones del sistema: clasificamos demasiados” documentos.
“Cínicos e inconscientes”
Este problema ya fue identificado hace mucho tiempo.
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En 1971, el juez de la Corte Suprema, Potter Stewart, señaló que “cuando todo se clasifica, nada se clasifica, y el sistema es ignorado por los cínicos o los inconscientes, que incluso lo manipulan para su beneficio personal”.
En varias ocasiones, los presidentes o el Congreso han tratado de abordar este tema.
“La administración del demócrata Bill Clinton había logrado avanzar bastante en la década de 1990, pero este progreso se revirtió después (de los atentados) del 11 de septiembre” de 2001, se lamentó Ben Wizner, de la poderosa asociación de derechos civiles ACLU.
Para él, las autoridades clasificaron documentos a puñados, entre otras cosas, para “ocultar evidencias de torturas a prisioneros” en Irak o Afganistán, o “en los programas de drones de la CIA”.
Más allá de los temas de transparencia, la sobreclasificación también perjudica la eficiencia de la administración, según Wizner.
“Complica las comunicaciones y limita el número de personas a las que se puede consultar sobre temas importantes”, dijo.
Además, “le da demasiado margen al gobierno para elegir quién debe ser procesado”. Si bien algunos denunciantes recibieron largas sentencias de prisión, “dudo que Trump, Biden o Pence sean condenados por violar las reglas…”.
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