Chetumal, 15 de marzo. – La Comunidad Cristiana Quintanarroense, que aglomerado a 628 asociaciones, hizo patente su inconformidad contra la iniciativa de reforma al Código Penal que promueve la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juventud con Igualdad de Oportunidades que busca como objetivo principal prohibir las terapias de conversión.
Acusaron endeble el estudio jurídico que se hizo para la realización de la iniciativa que entre algunos de sus objetivos busca llevar a la cárcel hasta por 6 años a ministros de culto, psicólogos, doctores, docentes y sacerdotes que promuevan o imparten terapias de conversión; incluso en caso de que los padres sean quienes intervegan en este tipo de terapias, podrían quitarles la custodia de sus hijos.
La abogada Lorena Gómez Palma, representante jurídica de la asociación cristina, dijo que el alcance de la iniciativa transgrede los derechos tutelares de los padres de familia, derechos humanos y ejercer la libre paternidad.
“Hemos intentado tener acercamiento con la diputada, pero no le interesa la opinión, ni aterrizar puntos concretos de esta legislación”, mencionó, al asegura que el trabajo legislativo no debe partir sólo de una minoría sino armonizar a todos los sectores sociales.
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Solicitan frenar iniciativa contra terapias de conversión
Dijo que la reforma no es clara y deja a la libre interpretación de un juez definir que es un delito contra el libre desarrollo de la sexualidad, al no haber un glosario dentro de la modificación que pretende la Comisión de la Desarrollo de la Juventud.
Reclaman que es la reforma del Código Penal al que se busca agregar un capítulo VII sobre Delitos Contra la Orientación Sexual donde se establece que se impondrá de dos a seis años de prisión a la persona fisica que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca, financie o someta a terapias de conversión, entendiéndose como estas a aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos, practicas, retiros, campamentos, tratamientos o cualquier tipo de servicio, que tenga por objeto la pretensión o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, lo cual incluye a profesionales de la salud y hasta padres de familia.
“El Código Civil determina que se entiende por tutela, que se entiende la patria potestad, que nos brinda la oportunidad de establecer límites y normas de conducta a la niñez”, dijo la abogada.
Resaltaron la importancia de defender algo tan importante con la libertad religiosa y el desarrollo pleno de las familias, por ello están convocando a una marcha por la Familia, la Paz y la Libertad religiosa, que se realizará en la Ciudad de Chetumal el próximo martes 21 de marzo a las 17:00 horas dando inicio en el Museo de la Cultura Maya y terminando con un evento a las afueras del Congreso del Estado.
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