Organizaciones estatales pro derechos de las mujeres celebran que el Senado de la República aprobó con 85 votos a favor el dictamen que reforma la ley en materia de pensión alimenticia, con lo que se creará un registro nacional de deudores y se establecen diversas prohibiciones legales a quienes no cumplan su obligación, como la emisión de pasaporte o la participación en cargos de elección.
Erika Cornelio, directora del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil Ha, dijo que este aval es un parteaguas en favor a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes son los principales beneficiados, pero también las primeras víctima de la irresponsabilidad de padres.
“En el tema en la mayoría de los casos de los deudores alimentarios, muchos de ellos no es que hayan dejado de pagar una pensión, sino que durante años no se han hecho responsables o que dejan de pagar pensión porque toman la medida al juzgado”, comentó la defensora, al señalar que estas actitudes reincidentes no son sancionadas aunque estén en el registro.
Esto impacta a miles de mujeres, principalmente a sus hijos, que nunca percibieron una pensión de estos hombres, que precisamente tienen la responsabilidad.
Por su parte, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del Colectivo Marea Verde, dijo que es a través de estas iniciativas que se combate la normalización de conductas que vulnerándose en la que se deja a niñas y niños, al no recibir del lado paternal los cuidados, educación, protección, alimentación, vestimenta y cariño que están obligados, sin ninguna consecuencia legal.
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“Es algo recurrente en todo el país, que no pasada nada, se justifican diciendo que cuantas mujeres salen adelante solas con sus hijos, esta normalización de los estereotipos de madre ‘luchona’ por que poseemos el instinto maternal, sin que el estado tome acciones efectivas”, mencionó.
Con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios las autoridades dispondrán de suficientes elementos para prohibir a estos la expedición de la licencia de conducir, formar parte de procesos de elección para participar como persona juzgadora, solicitudes de matrimonio, entre otros procesos.
Además, establece medidas de restricción migratorias para que no puedan salir del país cuando sean morosas, ya que, argumentaron legisladores, puede ser motivo de evasión de responsabilidad.
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