La creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Quintana Roo permitirá que se mitiguen las necesidades alimenticias de un alto porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema y moderada, pero también es la oportunidad para delinear una política agropecuaria con una visión sustentable y con responsabilidad social empresarial.
Con la Agencia se prevé por un lado aminorar las condiciones de pobreza moderada y extrema que padece el 47.5 de la población, a la cual se le dificulta el acceso a alimentación nutritiva y de calidad y por otro, “fortalecer la productividad alimentaria, incentivar la agroecología y optimizar la distribución y comercialización de alimentos en beneficio de la población con mayor nivel de vulnerabilidad y rezago en el Estado”, establece la constitución de la Agencia de Seguridad Alimentaria que fue publicada el pasado 20 de febrero en el en el Diario Oficial, que dependerá de la Secretaría de Desarrollo Social
La vicepresidente de la Federación de Agrónomos de Quintana Roo, Rogelio Castillo Brito, recalcó que existe una diferencia entre comer y alimentarse, ahí radica la importancia de contar con una institución que garantizará una mejor nutrición para la población quintanarroense.
“Vemos con buenos ojos la iniciativa del gobierno porque se pueden generar proyectos, que se requieren financiar y la seguridad rural para que emprendedores del agro pueden integrar”, consideró, al hacer hincapié en la voluntad política para impulsar que los campesinos se organicen para integrar sus productos a la cadena alimentaria del estado, como agentes del cambio.
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Por su parte, Josué Osmany Palomo Hoil, presidente de ALIARSE por Quintana Roo Zona Sur, señaló que es “un acierto de la gobernadora Mara Lezama” y un paso importante y correcto para avanzar en el derecho a la alimentación plasmado en la Carta Magna.
“Estamos hablando de la oportunidad para apoyar a comunidades agropecuarias que tradicionalmente han operado solas”, consideró Palomo Hoil, por ejemplo, el caso de los apicultores de José María Morelos, que se ven obligados a vender su producción a intermediarios de otros estados.
Y así como la miel quintanarroense que después se coloca en los mercados internacionales con etiquetas de otros estados, “tenemos casos como el chicle, las frutas, verduras y hortalizas, cuyos productores están urgidos de financiamiento y de capital de trabajo, pero más que nada del respaldo institucional del Gobierno y de empresas locales con mayor acceso a la comercialización de sus productos con precios justos.”
Los recursos para constituir la Agencia de Seguridad Alimentaria provienen del incremento al impuesto al Hospedaje que pasó de 3 al 5 por ciento y que uno de los objetivos prioritarios es establecer un sistema de abasto de alimentos a bajo costo en las zonas más vulnerables del Estado, así como construir comedores comunitarios e impulsar la producción agroalimentaria para distribuir y comercializar esos productos en los principales centros de consumo del Estado.