Chetumal, 19 de abril. – La secretaria de gobierno María Cristina Torres y el director d Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar Urrutia, llevaron a cabo la presentación de las nuevas reformas a la ley de Movilidad de Quintana Roo, entregada al Congreso del Estado.
Se trata de una reforma integral enfocada en la Innovación Tecnológica, donde se privilegia la libre y sana competencia económica y también se presentan las medidas de seguridad que deberán tomarse para la adecuada operación de las plataformas digitales en Quintana Roo.
Algunas de las medidas de seguridad que se plantean en la reforma a la ley de movilidad es el uso de la geolocalización, el tener los datos completos de vehículos y conductores, los vehículos tendrán botones de pánico, cámaras de video, grabación de voz, los cuales estarán conectados a los sistemas de seguridad de Quintana Roo para poder privilegiar la seguridad de todos los usuarios.
De igual manera se presentan las sanciones que serán impuestas a los conductores de plataformas digitales que violen la ley, los cuales podrían tener una suspensión, cancelación o revocación de registro.
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Taxistas tendrán dos años para instalar parquímetros
Alcázar Urrutia, explicó que se tienen 180 días hábiles para crear el reglamento dentro del Imoveqroo para establecer las condiciones en las que operarán los servicios tanto públicos y privados, y dos años para aplicar las medidas que deberán cumplir los concesionarios, como la aplicación botones de pánico, cámaras se seguridad y taxímetro.
Sobre la regulación de la tarifa pública, aseguró que el Imoveqroo seguirá teniendo control para aprobarlo, pero será a través de una tarifa que considerará el banderazo y luego un cobro por kilómetros que se establecerá a través de una fórmula que implica los costos de insumos, refacción y combustible, además de la oferta y demanda de trabajo.
En cuanto al servicio privado, que ofrecerá Uber y Didi, estos establecerán su propio tarifa y será el usuario quien acepte o no los términos y condiciones, no obstante, se iniciará el registro de sus usuarios, que a través del pago para ser integrados en el padrón, es que se establecerá el Fondo de Movilidad.
“En el caso de las plataformas digitales, es un contrato mercantil, entre el prestador y el usuario, sin intervención del gobierno, donde la tarifa de la persona que acepta el viaje será la que le rija”, comentó.
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