La Guardia Nacional pasará a una nueva etapa de simulación, pues seguirá bajo mandos militares pese al fallo de la Suprema Corte sobre regresarle su carácter civil, retirándola de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y devolviéndola a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), coincidieron especialistas consultados por 24 HORAS.
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De hecho, ayer el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, realizó diversas peticiones a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, como mantener al general retirado David Córdova Campos como comandante de la Guardia Nacional.
Además, la funcionaria deberá hacer un recorrido por las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, “al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció mediante su cuenta de Twitter que la Guardia continuará recibiendo la orientación y la formación profesional de la Sedena.
David Saucedo, consultor en seguridad, recordó que antes de que se hiciera el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se buscó hacer un cambio a nivel constitucional, pero al no tener una mayoría en el Congreso, el partido oficial (Morena) optó por una modificación a leyes secundarias.
“El Gobierno federal optó por modificar la ley secundaria, pero evidentemente contraviniendo lo que marca la Constitución, señalando que la Secretaría de Seguridad Pública y los elementos de la Guardia Nacional tendrían que tener un carácter completamente civil, entonces lo que estamos haciendo es regresar a la situación previa, que era una situación de simulación”, dijo.
Y es que el especialista precisó que aunque la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad Pública, los comandantes de la Guardia Nacional seguirán recibiendo órdenes del Ejército.
Además, estimó que el reto próximo es del tipo administrativo técnico, como en el concepto de nóminas, compras, recursos y bienes de la Guardia, ya que actualmente son temas manejados por la Sedena.
“Desde el punto de vista técnico operativo sabemos que desde antes ya operaban así la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena y me parece que así van a continuar, es decir, este revés jurídico…. ellos (Morena) tienen dos caminos, evidentemente vivir en el esquema de simulación que ya había, instrumentado desde hace tiempo, o intentar nuevamente una reforma constitucional para que desde la Carta Magna se establezca que la Guardia Nacional va a estar bajo el control del Ejército”, dijo.
Dicha reforma fue anunciada también por el presidente López Obrador en su Mañanera de ayer, con el objetivo de volver a traspasar la Guardia Nacional a la Sedena, en septiembre de 2024. Y es que espera que, pasadas las elecciones federales de ese año, Morena obtenga una mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
La mayoría calificada, que equivale a dos terceras partes del Congreso, es necesaria para poder realizar una modificación constitucional.
Por su parte, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York) coincidió en que la GN regresará a como se tenía antes, en términos legales y administrativos, pero en términos operativos recibirá órdenes de la Sedena.
“La Guardia Nacional va a quedar como estaba antes… Van a simular que va a pasar a la Secretaría de Seguridad y Protección, pero pues todo lo va a seguir administrando la Sedena”, indicó.
El también profesor del Tecnológico de Monterrey estimó que “va a ser un tema que va a preocupar obviamente a los medios y a las organizaciones sociales, pero es un tema que no creo que le preocupa al Presidente como no le preocupan muchos temas administrativos”, agregó.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá hoy los efectos jurídicos de la invalidación de la transferencia administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena.
Entre las opciones está que los ministros ordenen al Legislativo reformar las leyes para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomé el control legal, operativo y administrativo de la corporación, para lo cual podría establecerse un plazo hasta 2024.