De los más 130 mil cuartos de hotel que existen en Quintana Roo, 40% no han sido registrados en el ReturQ, la plataforma en línea que empadrona a todas las empresas dedicadas al sector turístico.
El subsecretario de Turismo de Quintana Roo, Omar Govea, explicó que se trata de un trámite gratuito y obligatorio para todas las empresas del sector turístico.
Señaló que los hoteleros todavía tienen tiempo para registrarse en la plataforma, ya que el proceso de verificación de los servicios relacionados con el turismo comenzará en junio. Hasta ahora, las empresas en Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos son las que presentan mayor avance, pero aún falta alrededor de 52 mil centros de hospedaje.
Enfatizó que ReturQ es una plataforma estatal a la que todos los proveedores del ramo deben acceder anualmente.
“Comercialmente le llamamos ReturQ, es una plataforma estatal de prestadores de servicios a la que deben acceder anualmente, es gratuito y obligatorio. Aún estamos en el periodo de gracia, cuando sale la convocatoria cada año se tiene un plazo, estamos en tiempo”, precisó el funcionario estatal.
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Pendiente, registro de centros de hospedaje en padrón local
El propósito del registro es garantizar que los visitantes de Quintana Roo puedan confiar en las empresas que frecuentan y que cumplen con los lineamientos legales vigentes.
El estado ofrece cursos y talleres para las empresas, especialmente aquellas en el centro y sur del estado, donde hay un mayor nivel de incumplimiento.
“En la página web de Sedetur está el registro estatal de turismo, seleccionas por giro o destino y te genera una lista como PDF para constatar si la empresa está en el registro” especificó Govea.
Una vez que las empresas hayan completado el proceso de registro, recibirán un certificado QR único. Las partes interesadas pueden consultarlo en la plataforma ReturQ para ver qué empresas están registradas, lo que ayuda a prevenir el fraude vacacional.
Las sanciones por incumplimiento van desde 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o entre mil y mil pesos, según del tipo de proveedor. Sin embargo, el objetivo no es castigar, sino tener empresas reguladas y prevenir el fraude, concluyó.
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