Sumada a la represión contra voces disidentes, dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, por las que cerca de 500 personas fueron condenadas, la isla comunista sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento.
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Las calles de La Habana permanecían en calma ayer, con sus habitantes dedicados a las actividades cotidianas habituales, bajo la observación de un sinnúmero de agentes de la seguridad del estado vestidos de civil.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles al grito de “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959.
Entre los más de mil 500 detenidos por esas marchas casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, ahora con sede fuera de la isla. De acuerdo con autoridades, cerca de 500 presos han recibido condenas, algunos de hasta 25 años.
El gobierno acusó nuevamente este martes a Estados Unidos de orquestar las marchas para derrocarlo.
“Desde EU se orientó e incitó a que en Cuba se cometieran actos de violencia y provocaciones contra las autoridades. Se montó una campaña para generar durante semanas la imagen de un país en crisis social”, dijo en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.
PROMESAS
Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la “compleja situación económica”, Cuba lucha por salir de la crisis.
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La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos, se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.