México vive uno de los procesos democráticos más importantes de los últimos tiempos, encabezado por un proyecto de izquierda, que por primera vez en su historia repite su permanencia en el poder presidencial. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de la resistencia de diversos actores, entre los que se encuentra el aparato mediático.
Profundamente debilitados, por el recorte del ingente recurso público que por años sostuvo sus estructuras de negocios, a cambio de sepultar la libertad de expresión y el derecho a la información, viven ahora en el desprestigio y la falta de credibilidad -no todos, pues como siempre hay excepciones a la regla- de las audiencias.
Las pocas familias que aún poseen al conglomerado de medios en América Latina, no están dispuestas a ceder su poder por proyectos sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Están abiertas a combatir los proyectos “comunistas o socialistas” en una era en que los derechos están del lado del humanismo, de la colectividad y no de la individualidad.
En México, el proyecto social de transformación pasa por una etapa de reformas necesarias, para combatir flagelos instaurados desde la dictadura del PRI, como la corrupción, uno de los grandes pendientes que no ha logrado resolver de fondo la 4T.
La reforma al Poder Judicial se instaura en ese proceso reformista. No es al estilo de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) que con el poder presidencial cerró durante 26 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiempo en el que jubiló a los 26 ministros. En este proceso el aparato mediático permaneció en silencio ante lo que sí tuvo visos de un Golpe de Estado.
La sobrerrepresentación es el otro tema en la agenda de los medios. Es un hecho que el Instituto Nacional Electoral se apegó al precepto para favorecer a un partido y sus aliados con la mayoría calificada en la Cámara Baja, que dará pie a la reforma judicial.
Hubo y hay aún voces que desde los medios han hecho todo lo posible para contaminar a la opinión pública con argumentos pueriles a través de información sesgada y con sus comentócratas, una vía al golpismo mediático.
De estos últimos, Héctor Aguilar Camín, Denisse Dresser Guerra y Enrique Krauze Kleinbort, entre otros, han encabezado una encarnizada crítica que abona a la desinformación con la intención de dinamitar el poder constitucional popular.
“El hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. Nuestro diagnóstico es correcto, la población puede o no entender lo que va a pasar. Lo que va a pasar es una autocracia legal y una dictadura”, señaló Aguilar Camín con respecto de la sobrerrepresentación legislativa y la reforma judicial, en un programa de Latinus. Son este tipo de expresiones con las que los comentócratas no sólo creen tener la razón, sino la verdad absoluta, situación que no abona nada al proceso democrático de México.
Quizá Televisa tuvo esa u otra lectura, pero el hecho es que Aguilar Camín y Dresser Guerra salieron de la empresa propiedad de la familia Azcárraga. El primero, junto con el ex canciller Jorge G. Castañeda, del programa Es la Hora de Opinar, mientras que la segunda, de Foro TV.
Para finalizar, parafraseando al investigador Francisco Sierra Caballero: “Hay muchas manos de varios actores interesados en desestabilizar, defenestrar y erigir a quienes más les sirve y conviene en el poder político”.