La Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) de Quintana Roo ha identificado una red de defraudadores que comercializa terrenos mediante títulos falsificados.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la dependencia, señaló que esta problemática se ha intensificado debido a la creciente demanda de viviendas generada por la llegada de familias atraídas por las obras del Tren Maya.
Fraude con títulos falsos en terrenos estatales
Según Alonso Ovando, el modus operandi de este grupo de defraudadores incluye la falsificación de títulos de propiedad, algunos con firmas de exgobernadores como Miguel Borge Martín y Félix González Canto.
A pesar de que los títulos modernos cuentan con medidas de seguridad, estos delincuentes logran obtener cédulas catastrales fraudulentas e inscribir los documentos en el Registro Público de la Propiedad.
Zonas más afectadas por la ocupación ilegal
Los terrenos de la Agepro en Playa del Carmen son los más afectados, aunque se han detectado casos de fraude en otras áreas del estado. Entre los títulos falsos identificados por las autoridades se encuentran:
- 2 en Tulum
- 1 en Bacalar
- 3 en Puerto Morelos
En todas estas situaciones, la Agepro ha presentado las denuncias correspondientes y mantiene procesos legales en curso para frenar estas prácticas ilícitas.
¿Te enteraste?
Invasiones y conflictos sociales
El problema de la ocupación ilegal de terrenos no es nuevo. Desde 2016, en Tulum y otras zonas, diversas familias fueron engañadas para invadir predios privados y gubernamentales bajo la promesa de que eran terrenos nacionales.
A pesar de los esfuerzos por regularizar la situación, los conflictos entre colonos y autoridades han derivado en enfrentamientos violentos, como el ocurrido en 2022 en Mahahual, donde se incendiaron dos patrullas.
Esfuerzos para regularizar la situación
La Agepro ha actuado como intermediaria en algunos casos, buscando soluciones que beneficien tanto a propietarios como a los ocupantes.
El objetivo es garantizar la certeza jurídica de los terrenos y, con ello, permitir el acceso a servicios públicos básicos para las familias asentadas.
Este artículo se basa en una publicación de Ruptura-360; haz clic para leer el original.