Hace semanas que venimos arrastrando en México al fantasma de la posible crisis de final de sexenio después de los diversos desencuentros que se han tejido desde el Congreso de la Unión con universitarios, abogados postulantes, trabajadores del Poder Judicial y miembros de cámaras empresariales, en particular de aquellos relacionados comercialmente con Estados Unidos.
Mientras el Estado Mexicano conmemoraba los récords en inversión extranjera, Estados Unidos seguía manteniendo su lugar hegemónico como receptor de más del 80 por ciento de las exportaciones de los empresarios mexicanos.
Hasta que se definió por parte del Ejecutivo la línea de poner en suspenso las relaciones comerciales entre México y sus socios del T-MEC, después de que el embajador norteamericano hiciera algunas consideraciones en torno a los posibles efectos de la reforma Judicial.
Sin embargo, hace unas horas que medios informativos de nuestro principal socio comercial han publicado que se encuentran en reserva poco más de treinta mil millones de dólares de inversión en México por los posibles riesgos de la mencionada reforma.
Gran parte de las empresas que realizan inversiones en México, vienen aparejadas de derechos de propiedad industrial e intelectual, como pueden ser marcas, patentes, modelos de utilidad, avisos comerciales y derechos de autor.
Y estos derechos conferidos tienen una relación directa con el Poder Judicial Federal, de hecho, tratados como el T-MEC o el ADPIC de los que México forma parte obligan al Estado Mexicano a establecer, incluso, tribunales especializados en materia de propiedad industrial y derechos de autor, lo que pareciera estar en contraposición con la propuesta en discusión.
México depende en gran medida de que Estados Unidos mantenga no sólo sus inversiones, sino que no se interrumpa el nivel de exportaciones que hasta hoy se mantiene con ese país.
Pareciera pues urgente un proceso de cicatrización en el que los miembros del Congreso de la Unión, hagan el esfuerzo por escuchar y atender a los jóvenes universitarios, a los abogados postulantes, trabajadores del Poder Judicial y el sector empresarial de nuestro vecino del norte, para poder convencer a los inversionistas que sus derechos, sus bienes y sus inversiones estarán bien protegidos con un Poder Judicial sólido y eficaz. Ese será el gran reto después de la batalla legislativa para que ese fantasma se mantenga solamente como una expectativa y no logre materializarse, ya que de ser así, seguiremos como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.