Embarcación en las costas de Quintana Roo.
Imagen exclusivamente ilustrativa sobre la actividad náutica en Quintana Roo. Credit: Especial.

Las embarcaciones ilegales continúan siendo un problema importante en el sector náutico de Quintana Roo, afectando a la industria legalmente establecida.

Según Ricardo Muleiro López, director de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR), hasta un 20% de las operaciones en temporada alta son realizadas por embarcaciones piratas que no cuentan con los permisos ni autorizaciones correspondientes.

A pesar de las múltiples denuncias ante la Capitanía de Puerto Regional y la Secretaría de Marina (Semar), no se han tomado medidas administrativas suficientes para erradicar esta práctica.

Denuncias sin respuesta efectiva

“Hemos hecho estas denuncias ante la Capitanía de Puerto Regional en Isla Mujeres, de manera directa a la Semar en la coordinación de Puertos y Marina Mercante, sin embargo, no tenemos conocimiento de procedimientos administrativos que resulten en sanciones ejemplares, que es lo que necesitamos”, señaló Muleiro.

Estas embarcaciones no solo operan de manera ilegal, sino que carecen de tripulaciones certificadas, y en muchos casos, ni siquiera cuentan con matrícula o nombre visible, lo cual es un requisito fundamental.

Afectación al turismo y al parque nacional

Arturo González González, director del Parque Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, mencionó que la proliferación de embarcaciones ilegales afecta tanto al sector turístico como al medio ambiente.

“En cada salida identificamos entre 20 y 30 barcos sin autorización, muchos de los cuales incumplen las normas de seguridad y del parque”, explicó.

González enfatizó que las embarcaciones piratas no pagan impuestos ni cumplen las normativas, lo que les da una ventaja competitiva desleal.

Un problema visible en redes sociales

Muleiro destacó que estos actos ilegales se pueden ver incluso en redes sociales, donde se anuncian embarcaciones que operan sin ninguna regulación.

La ANQR insiste en que las autoridades tomen medidas contundentes para proteger tanto a los operadores legales como a los turistas, quienes podrían estar en riesgo al abordar embarcaciones sin certificación adecuada.

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