Integrantes de Congreso de Quintana Roo aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la fijación anual de salarios mínimos generales o profesionales por encima de la inflación vigente.
Este cambio, aprobado y enviado por el Senado para su ratificación en los estados, fue avalado por los integrantes del Congreso local durante la 18.ª sesión ordinaria, bajo el mecanismo de obvia y urgente resolución.
Protegen los salarios frente a la inflación
La reforma establece que los salarios mínimos generales o profesionales nunca estarán por debajo de la inflación observada durante su vigencia.
Esto garantiza que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo, ya que los sueldos serán ajustados conforme al índice inflacionario.
Entre las adiciones más relevantes, destaca el tercer párrafo de la fracción IV del Apartado B del artículo 123.
Este, asegura que maestros, policías, guardias nacionales, militares, médicos y enfermeros recibirán un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2024 es de 16 mil 777 pesos.
Un acto de justicia social
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la legislatura local, Jorge Sanen Cervantes, calificó esta reforma como un acto de “justicia social en favor de los trabajadores de México”.
Resaltó la urgencia de su aprobación para garantizar la equidad laboral y mejorar la calidad de vida de los empleados esenciales, cuyos salarios han estado históricamente por debajo del promedio nacional.
Por su parte, el diputado Eric Arcila subrayó que la reforma rectifica errores de políticas salariales pasadas.
Explicó que durante el periodo 2009-2018, el salario mínimo creció de manera insuficiente, pero bajo la administración de López Obrador, aumentó significativamente, lo que ayudó a reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
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Un avance en la protección laboral
Con esta reforma, los incrementos salariales estarán garantizados anualmente conforme a la inflación, consolidando un avance importante en la defensa de los derechos laborales en México.
Este ajuste no solo protege a los trabajadores, sino que también fomenta una mayor equidad económica.