Quintana Roo perdió más de siete mil millones de pesos debido a irregularidades cometidas durante el sexenio de Roberto Borge Angulo (2011 - 2016), que fueron omitidas por la administración de Carlos Joaquín González (2016 - 2022), actual embajador de México en Canadá, reveló la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), Reyna Arceo Rosado.
El daño patrimonial a la administración pública afectó a diversas dependencias estatales, por la falta de sanciones adecuadas y la prescripción de decenas de expedientes de responsabilidad administrativa.
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Falta de ética y profesionalismo
Arceo Rosado señaló que, al asumir el cargo en la Contraloría en septiembre de 2022, se recibieron 513 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales 184 estaban activos. Sin embargo, algunos de estos, que datan desde 2011, revelaron una preocupante falta de ética y profesionalismo en la gestión de recursos críticos para el estado dentro de la Secoes, cuando la dirigió Rafael del Pozo Dergal.
Entre las dependencias más afectadas durante la administración de Roberto Borge se encuentran la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y la Secretaría Estatal de Salud.
“El panorama heredado es alarmante, con millones de pesos sin una explicación clara y con los plazos legales para sancionar estos delitos ya prescritos, en su mayoría”, lamentó.
A pesar de esta situación, la Secoes ha tomado medidas desde noviembre de 2023, interponiendo diversas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para investigar los actos ilícitos cometidos por servidores públicos de la administración de Carlos Joaquín.
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Las áreas afectadas en la administración de Roberto Borge
Entre los desfalcos se incluyen: 526 millones 890 mil 537 pesos, de la CAPA; 161 millones 810 mil 627 pesos del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE, ahora Agepro); mil 850 millones 496 mil 900 pesos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru, ahora Sedarpe); y 806 millones 616 mil 882 pesos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), entre otros.
Entre los funcionarios que estaban al frente de esas dependencias se puede mencionar a Paulina García Achach, subsecretaria de Seduvi, aprehendida en mayo de 2017 por desempeño irregular de la función pública y absuelta en 2019; Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Sefiplan, acusado de desempeño irregular de la función pública por el caso VIP Saesa, quien también fue liberado tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Más implicados
Otro de los implicados fue Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Seduvi, detenido en mayo de 2017 acusado por desempeño irregular de la función pública y daño patrimonial estimado en 39 millones de pesos; tras pagar la reparación del daño, obtuvo su libertad. Caso similar, el de Alicia Rivera Galera, ex directora de recursos financieros de CAPA, capturada a finales de noviembre por peculado; obtuvo arresto domiciliario en abril de 2018 y gracias a un amparo logró su libertad en febrero de 2020. Ese mismo año, un tribunal de Distrito revocó el auto de vinculación a proceso.
La directora de CAPA, Paula González Cetina, detenida en enero de 2018, se declaró culpable de peculado en febrero de 2019 por un monto de mil 55 millones de pesos; recibió una pena de tres años 11 meses de prisión y, en junio de 2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le concedió un amparo directo, declaró la sentencia insubsistente y ordenó una nueva resolución, por lo que quedó en libertad.
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Laguna legal
Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno estatal, Carlos Felipe Fuentes del Río, subrayó que la principal omisión fue la falta de sanciones, debido a los vacíos legales de la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
“Esos recursos, más de siete mil millones de pesos desviados, son fondos que el estado jamás podrá recuperar”, subrayó.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado, Edgar Ramírez Morales, reiteró su compromiso de investigar y sancionar a los responsables y destacó que la falta de actuación de los exservidores públicos de la administración de Carlos Joaquín permitió que los expedientes prescribieran, “lo que ha causado un daño irreparable a las finanzas del estado”.
Denuncias en administración de Roberto Borge
La titular de la Secoes aseguró que no se tolerarán más actos de corrupción o negligencia en la administración pública.
“Desde el inicio de la actual gestión, se han inhabilitado a 47 personas, de las cuales 41 resoluciones han quedado firmes, demostrando el esfuerzo por corregir los errores del pasado y garantizar una gestión pública limpia y eficiente; las seis restantes cuentan con un amparo, pero se mantiene el curso legal de las denuncias”, afirmó.
Arceo Rosado ha ganado notoriedad por este tipo de investigaciones, cuando fue contralora en el municipio de Benito Juárez. En 2019 bajo la administración de Mara Lezama Espinosa, descubrió una maniobra en la que estuvieron implicados al menos nueve ex funcionarios del Ayuntamiento.
En los primeros dos años de la gestión de Carlos Joaquín, Rafael del Pozo Dergal interpuso al menos 15 denuncias contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, que estimaba una afectación al erario de 15 mil millones de pesos. Ellos libraron la acción penal por prescripción del delito, amparos y reparación del daño.
Al menos cuatro llevaron su proceso en libertad, dos de ellos fueron absueltos y nueve quedaron libres por resarcimiento del daño o prescripción del delito.
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Modus operandi
El modus operandi de esta red de corrupción, denominada así por la propia contralora, era que, a través del impuesto predial, se interponían juicios contra morosos, de los cuales jamás se enteraban los afectados hasta que notarios, apoyados por la fuerza pública, los desalojaban de sus casas mediante juicios concluidos de los que no estaban enterados.
Varios de los implicados trabajaron en las dos administraciones anteriores a la de Lezama Espinosa, encabezadas por Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México (2016-2018), y Paul Carrillo Cáceres, del Partido Revolucionario Institucional (2013-2016), específicamente en la Dirección de Asistencia Jurídica y la de Ingresos Coordinados y Cobranzas, esta última bajo la titularidad de Jeanina Medrano Galindo, hermana de la exdiputada federal del Partido Verde Ecologista de México y expareja sentimental de Borge Angulo.
Carrillo de Cáceres fue integrado al gabinete de Lezama Espinosa el 4 de octubre, como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Desfalco. Caso Roberto Borge
Direcciones y secretarías con irregularidades
Si bien la Contraloría detectó la malversación de fondos en al menos 12 dependencias del Gobierno estatal, estas prescribieron en el sexenio pasado.
Dependencias / Afectación / Año
- IPAE (AGEPRO) $2.199.912,00 2019
- SQCO $806.616.882,00 2019
- Gob. Edo. / Sefiplan $161.206.527,00 2019
- Sefiplan $25.104.283,00 2019
- Apiqroo $142.372,00 2019
- Cojudeq $73.528.746,00 2019
- Sefiplan / Unidad de Vocero $483.286.987,00 2019
- VIP Saesa $9.161.038,00 2019
- Sedesi $258.120,00 2019
- Secr. de Gob. $196.585,00 2019
- Secr. de Turismo $550.000,00 2020
- Sefiplan / Sedaru $174.075.842,00 2020
- IPAE (Agepro) $48.307.440,00 2020
- Sefiplan / Sedaru $1.522.413.500,00 2020
- IEEA $1.212.694,00 2020
- Sesa $31.019,00 2020
- Sesa $1.377.526.238,00 2020
- Sefiplan $195.898.361,00 2020
Citas:
El panorama heredado es alarmante, con millones de pesos sin una explicación clara y con los plazos legales para sancionar estos delitos ya prescritos, en su mayoría”, Reyna Arceo Rosado, Titular de la Secoes
Esos recursos, más de siete mil millones de pesos desviados, son fondos que el estado jamás podrá recuperar”, Reyna Arceo Rosado, Titular de la Secoes