La Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), rechazó la presentación de nuevas pruebas en el juicio promovido por los socios de la naviera Barcos Caribe, empresa vinculada al exgobernador Roberto Borge Angulo.
Este fue su intento por recuperar la concesión de cruce federal entre Playa del Carmen y Cozumel.
El tribunal, también ha solicitado que la Primera Sección de la Sala Superior del TFJA emita la sentencia definitiva correspondiente.
Juicio promovido por Barcos Caribe
La resolución, publicada el pasado 15 de octubre, está vinculada al expediente 702/22-20-01-8, que refiere al juicio de nulidad presentado por la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V. en septiembre de 2022.
La naviera busca revertir el retiro de su concesión, el cual se llevó a cabo en 2018 tras un accidente que involucró la explosión de uno de sus ferry, Caribe III.
En su dictamen, el magistrado Jaime Romo García señaló que “no ha lugar a admitir las pruebas ofrecidas”, dejando así el proceso judicial finiquitado en cuanto a la etapa probatoria.
El tribunal ordenó que los autos originales del caso sean remitidos a la Primera Sección de la Sala Superior para la emisión de la sentencia definitiva.
Contexto del caso
Barcos Caribe dejó de operar en 2018 después de que se registrara la explosión de su ferry Caribe III el 21 de febrero de ese año, que dejó 18 personas heridas.
A raíz del suceso, las autoridades suspendieron el servicio de la naviera, lo que eventualmente llevó a la pérdida de la concesión.
El retiro del permio se debió a la falta de certificados y documentación vigentes.
La Dirección General de la Marina Mercante informó el 23 de febrero de 2018 que Barcos Caribe no contaba con el Certificado Nacional de Seguridad.
Tampoco tenía el Nacional de Francobordo o el Nacional de Seguridad Radioeléctrica, además de que su póliza de seguro había expirado.
Resoluciones notificadas
El fallo judicial ha sido notificado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Marina (Semar).
Ambas figuran como demandadas en este caso y ahora deberán dirigirse a la Primera Sección del Tribunal para la etapa final del proceso legal.