Después de la reforma judicial se confirma que se llevarán a cabo las elecciones más caras e improductivas del último siglo, en las que se elegirán 881 cargos de los que destacan ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de las Salas regionales de ese mismo órgano, magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito de todos los Circuitos.
Un proceso electoral que tendrá un costo de 12 mil 839 millones de pesos (unos cuatro mil millones de pesos más que la elección de la presidenta actual) para además imprimir cerca de 800 millones de boletas (unas 500 millones más que las de la elección de la presidenta) en las que los gobernados tendrían que votar y votar y votar por jueces, magistrados y ministros decidiendo el futuro de la justicia mexicana sin conocer de su alcance o de las funciones para las cuales habrán de elegirlos.
De acuerdo con Slavoj Zizek en su obra “Hegel y el cerebro conectado”, esta libertad de elegir representa algo semejante a la libertad que Dios le concedió a Adán y a Eva para elegir entre el bien y el mal con la manzana, en donde la limitación del conocimiento genera que esa libertad de elegir nos juegue totalmente en contra. Lo que desde mi óptica personal es una apuesta al fracaso jurisdiccional y un grave riesgo para las inversiones que habrán de poner en manos de algún juez inexperto su patrimonio, sus patentes o sus derechos intelectuales.
Hoy estamos de vuelta con una reforma hecha al vapor en la que hasta la Presidenta tuvo que intervenir para enmendarle la plana a los impulsores de tal desgracia y quienes además se dicen abogados. Pues estos excelsos caballeros querían eliminar de golpe y porrazo la convencionalidad del artículo primero de la Carta Magna que llegó a México en 2011 después de la magnífica exposición de la entonces ministro, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Esta propuesta nos hubiese costado un precio muy alto en el concierto internacional y más aún en la víspera de la renegociación del T-MEC que ya de por sí será complicado para Marcelo Ebrard dada la oposición de congresistas e inversionistas de nuestros vecinos del norte al proceso de designación del Poder Judicial.
Sin embargo, la reforma aprobada por el Senado con bombo y platillo, plantea un escenario de retroceso a los tiempos del poder judicial de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Y me refiero principalmente al secuestro de facultades de control constitucional del Poder Judicial para generar un aparato Legislativo sin frenos ni contrapesos.
Siguiendo con Zizek, esta forma de pensar de los legisladores federales promoventes nos lleva a hacer un símil con el pensamiento hegeliano donde el espíritu de su propuesta es en sí mismo la herida que siempre intenta curarse, aunque para ello, requiera de deshacerse del cuerpo sano al que considera dañino. Del Poder Judicial.
Citando a Zizek, “en la fenomenología de Hegel, es así como debe entenderse el axioma, según el cual el mal es la mirada que percibe el mal por todas partes: aunque dicha mirada se excluye a sí misma del conjunto social que critica”. Dicho de otra manera, todos son malos menos yo.
Esto nos lleva a un Estado de Derecho sui géneris, en el que no se da una real división de poderes, lo que resulta fundamental para la existencia de un estado democrático y con esto, nos alejamos categóricamente del sistema neorromanista (antes romano-canónico-germano) al que pertenecemos, ya que una de las características principales es la existencia de tribunales constitucionales. Mismos que al quedar aprobada esta reforma, desaparecerán junto con la eficacia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, dejando a los poderes legislativos hacer cuanta reforma les plazca sea o no acorde al sistema constitucional, a sabiendas que el legislador no es un perito en derecho y los miembros de la Corte sí lo son, por eso su papel hasta dentro de pocos días, es el de velar por la constitucionalidad de las normas emanadas del Poder Legislativo.
Por si fuera poco, se agrega a la reforma la limitante de las suspensiones en materia de juicios de amparo para causar efectos exclusivamente al promovente y el efecto erga omnes desaparece definitivamente, lo que dejaría sin protección, obviamente a los que menos recursos tienen para pagar un buen abogado, y por supuesto las minorías y las afirmativas como las personas con discapacidad, los ambientalistas, la comunidad LGBT+, los periodistas, entre otros, serán las más afectadas ante esta desafortunada idea.
Pero la cereza del pastel se plantea en el artículo transitorio segundo en donde se pasan por alto de un principio general del derecho como la irretroactividad, y sin pudor alguno en un acto de desdén decretan pasar por encima de los principios del derecho, así como se hizo de las suspensiones y de las notificaciones emanadas de un Poder Judicial Federal constituido conforme a la Constitución General de la Nación.
A mayor abundamiento, sólo mire usted cómo inicia el artículo 14 constitucional: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…”, con lo que el legislador federal, además de dejar a un lado los principios constitucionales desconoce a los promoventes de los juicios constitucionales en trámite como personas, negándoles ese carácter aún cuando les cause perjuicio el contenido del artículo segundo transitorio.
No cabe duda de que estamos enfrentándonos al peor momento de derecho constitucional de toda la historia de México y desde el constituyente permanente se construye una constitución de plastilina emanada desde el rencor y que nos acerca poco a poco al centralismo conocido del pasado, lo que no abonará en lo absoluto a la creación de un México mejor.
Hugo Alday Nieto