Líder con licencia se deslinda de los crímenes en el sindicato de taxistas
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Rubén Carrillo Buenfil, declaró su desvinculación total del actual dirigente interino de los taxistas, Salomón Alfonso Muñoz, alias “Mafer”, señalado por su presunta relación con el asesinato de José Luis Corral Morales, quien fungía como coordinador de campaña y asesor político de Carrillo Buenfil.
El legislador afirmó que, durante su gestión como secretario general del sindicato de taxistas de Cancún, no se relacionó con ninguna actividad delictiva dentro de la organización.
“Siempre hemos apostado por la paz y el trabajo”: Carrillo Buenfil
Carrillo Buenfil subrayó que no tiene ningún nexo con los recientes eventos de violencia y descartó cualquier conexión con grupos delictivos ligados al gremio de taxistas. “Vuelvo a repetir, solamente estamos esperando los resultados de la autoridad; eso es lo único que podemos hacer”, expresó el diputado, enfatizando la necesidad de una investigación transparente por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según el legislador, su único motivo para solicitar licencia como líder del sindicato fue el tiempo requerido en su función actual en el Congreso. “La licencia fue por la posición que hoy ocupo en el Congreso, porque el tiempo era dedicado a la diputación y no hubo más razón para pedirla”, aclaró Carrillo Buenfil.
🔴 Así fue el cateo en el Sindicato de Taxistas en Cancún, donde autoridades aseguraron drogas, cartuchos útiles, computadoras y evidencias de 3 homicidios. 🚔👮
— 24HorasQRoo (@24HorasQR) November 5, 2024
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Crítica sobre la relación entre sindicatos y crimen organizado
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, expresó su preocupación sobre la posible colusión entre algunos sindicatos y el crimen organizado, calificándola como una “alianza perversa”. Pech Várguez instó al gobierno a reforzar la vigilancia para evitar que los ciudadanos pierdan confianza en las instituciones.
Además, el legislador advirtió que el respaldo de ciertos sindicatos a partidos políticos y su implicación en actividades delictivas representan una amenaza para la estabilidad social, lo que exige una revisión profunda de la relación entre estas organizaciones y el gobierno.