La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) inició investigaciones por el presunto desvío de más de 22 millones de pesos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (Draef).
Este caso, que involucra posibles actos de peculado, pone bajo escrutinio las operaciones financieras de ambas entidades
Denuncias y hallazgos financieros
Según una publicación de Ruptura-360, el origen de la investigación se remonta a denuncias presentadas por la Dirección Jurídica de la CAPA ante la FECC.
Mediante un análisis detallado de datos bancarios y estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, se identificó un faltante de aproximadamente 22 millones de pesos.
El pasado jueves 21 de noviembre, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la FECC inspeccionaron el Área Contable de CAPA, asegurando documentos clave para avanzar en las indagatorias.
Irregularidades en convenios y criptomonedas
En la Draef, una empleada identificada como Mónica es investigada por aprobar convenios de liquidación de adeudos que no se ajustaban a sus atribuciones.
Según la FECC, autorizó pagos de hasta 15 mil pesos a usuarios con deudas superiores a 200 mil pesos, sin reportar los ingresos correspondientes.
Además, publicaciones en redes sociales mostraban un estilo de vida que despertó sospechas, incluyendo viajes a Europa.
En el caso de CAPA, tres empleadas son investigadas por el presunto uso de recursos públicos para invertir en criptomonedas, práctica que habría comenzado en 2022.
Estas inversiones resultaron en pérdidas considerables. Durante ese periodo, Alberto Covarrubias Cortés ocupaba la dirección de CAPA.
Covarrubias renunció este año y, posteriormente, asumió el cargo de director de Fiscalización en el Ayuntamiento de Benito Juárez, nombrado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña.
Contexto crítico: deuda por morosidad
Este escándalo financiero ocurre mientras CAPA enfrenta una deuda acumulada por morosidad de usuarios que supera los 600 millones de pesos, situación que agrava las repercusiones de las presuntas irregularidades.