El pasado 15 de noviembre, el Juez Octavo de Distrito en Quintana Roo, Mario Fernando Gallegos León, declaró inconstitucional el sistema normativo de la Ley de Movilidad y su reglamento, a través del amparo 530/2023-VII, en favor de Uber.
Esta resolución obliga al Congreso local a realizar modificaciones pertinentes, aunque el diputado Hugo Alday Nieto señaló que aún no hay fecha para ello y el proceso podría extenderse hasta el próximo año.
La sentencia que cuestiona la Ley de Movilidad
El fallo establece que la Ley de Movilidad y su reglamento transgreden el derecho a la movilidad consagrado en el artículo 4° Constitucional, al imponer restricciones que carecen de justificación razonable y generan distorsiones en el mercado, afectando la competencia y al usuario final.
Estas disposiciones limitan la operación de plataformas digitales como Uber, al obstaculizar los fines comerciales lícitos y la eficiencia del transporte mediante nuevas tecnologías.
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Modificaciones en espera
Según Alday Nieto, el Congreso local aún debe ser notificado formalmente. Además, tanto el Gobierno estatal como el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) deben decidir si apelan la sentencia.
En caso de no hacerlo, la Comisión de Movilidad deberá liderar la reforma legal, incluyendo nuevas mesas de trabajo entre Uber y las autoridades para establecer un marco regulatorio actualizado.
El diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Wilbert Alberto Batun Chulim, fue contactado para obtener su postura, pero no respondió después de ser cuestionado sobre el tema.
Las voces involucradas
Para Águeda Esperilla Soto, representante de los conductores de Uber, esta resolución es un avance, pero no garantiza una regulación definitiva.
“Seguimos trabajando bajo amparos. Quintana Roo es el único estado que después de ocho años aún no regula nuestra actividad”, señaló.
Por otro lado, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, enfatizó que el objetivo no es prohibir plataformas como Uber, sino garantizar una regulación mínima que proteja a usuarios y conductores.
Añadió que el caso sigue en procedimientos jurídicos y aún no hay una resolución definitiva.
Conflictos y repercusiones legales
El pasado sábado, una pelea entre un taxista y un conductor de Uber en la zona hotelera de Cancún evidenció las tensiones entre ambos sectores.
Mientras el Imoveqroo anunció sanciones administrativas para los involucrados, el titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, aseguró que también habrá repercusiones penales, subrayando la importancia de garantizar la seguridad de pasajeros y conductores.