Escándalo en CAPA. Cuatro trabajadoras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) fueron dadas de baja por presunto desvío de recursos.
Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el monto supera los 22 millones de pesos.
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Detalles de los casos
Primer caso: Inversión fallida en criptomonedas
Además, tres trabajadoras de CAPA, identificadas como Lupita, Irene y Miriam, habrían desviado recursos de la paraestatal para invertirlos en criptomonedas.
Asimismo, el negocio no prosperó, resultando en pérdidas millonarias.
Segundo caso: Convenios irregulares
También, Mónica, empleada de la DRAEF, presuntamente realizó convenios de pago con deudores de CAPA sin autorización. En estos acuerdos, redujo los montos de las deudas y no reportó los pagos realizados.
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Investigación en curso
Además, desde el operativo del pasado 22 de noviembre en las oficinas de CAPA, la FECC detectó el faltante y ha iniciado indagatorias para determinar la posible participación de otros empleados.
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) también colabora en la investigación, la cual podría revelar un monto mayor al inicialmente reportado.
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Posición de las autoridades
Hugo Garza Sáez, director general de CAPA, confirmó la baja de las empleadas, aunque evitó proporcionar más detalles.
Por su parte, la gobernadora Mara Lezama ordenó que el caso sea tratado con estricto apego a la ley.
Además de las sanciones administrativas, las empleadas enfrentan procedimientos judiciales.
Finalmente y mientras tanto, la opinión pública exige medidas contundentes para prevenir futuros actos de corrupción dentro de CAPA.